Los datos judiciales desmienten la alarma por ocupación ilegal en Cantabria: apenas dos casos en el primer trimestre de 2025

Frente al alarmismo azuzado desde determinados sectores políticos y mediáticos sobre la ocupación ilegal de vivienda, los datos judiciales ofrecen una realidad de Cantabria bien distinta. Y es que apenas se han registrado dos casos en el primer trimestre de 2025, una cifra testimonial que contrasta con la supuesta magnitud de un problema al que continuamente alude el Gobierno autonómico del PP, que busca legislar esta materia a través de una normativa autonómica de vivienda centrada en combatir a los 'okupas'.

Así, frente al “miedo” al que hace referencia el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP), las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial reflejan una situación muy alejada de ese relato alarmista: apenas hubo dos demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda entre enero y marzo de este año. Pero es que en el mismo periodo de 2024 fueron apenas siete, y es por ello que el CGPJ señala que se ha producido un descenso del 74,4%.

De esta forma, la tasa se sitúa en 0,3 demandas por cada 100.000 habitantes, una cifra residual que se encuentra por debajo de la media nacional de 1,2. A pesar de estas cifras, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), centra la política de su departamento en “defender a los propietarios de los 'okupas' y proteger la propiedad privada”. Y es que ese es el principal objetivo de la normativa autonómica que se encuentra en proceso de alegaciones y cuya medida estrella es la creación de una oficina antiocupación.

Frente a ello, la citada ley rechaza regular el precio de los alquileres en plena burbuja de precios, que está provocando un número mayor de desahucios. Según el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del CGPJ y que ha sido difundido este lunes, entre enero y marzo de este año se han producido un total de 67 lanzamientos de vivienda, de los cuales 61 se han debido al impago del alquiler.

Dos han sido por ejecución hipotecaria y los otros cuatro por otros motivos, según el documento consultado por elDiario.es. Respecto al mismo periodo de 2024, fueron 88 los desahucios practicados, por lo que desde entonces ha tenido lugar un descenso de casi el 24%, mientras que en el conjunto del país ha sido del 1,2%. De esta forma, la tasa autonómica por 100.000 habitantes se mantiene por debajo de la media: 11,3 frente a 15,1.

Otros datos del informe del CGPJ

Asimismo, durante el periodo de enero a marzo de 2025, los órganos civiles de Cantabria recibieron un total de 3.910 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Esto supone un 13,3% más, aunque en toda España crecieron un 64,6%. En relación a la población, la tasa de monitorios en la comunidad es de 661,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a 1.004,8 del conjunto del país.

Por lo demás, los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante los tres primeros meses de este año un total de 109 concursos de acreedores, lo que supone un 16% más respecto a los ingresados en el mismo periodo de 2024. Se trata de un incremento inferior al del país, donde aumentaron un 37%. Los 109 concursos representan 18,4 por cada 100.000 cántabros, una tasa que es la mitad de la española: 37,1.

Teniendo en cuenta el sujeto del concurso, los más abundantes son los presentados por particulares (87), que crecieron un 3,6% en términos interanuales, mientras que los de personas naturales empresarias aumentaron un 300% -de tres a doce- y los de personas jurídicas, un 42,9% -diez frente a siete-.

En el primer trimestre, los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron 325 demandas por despido, un 7,7% menos que un año antes (352), con lo que la tasa de despidos se sitúa en Cantabria en 55 por cada 100.000 habitantes, inferior a la nacional, de 84,6.

Las reclamaciones de cantidad disminuyeron un 23,8%, al pasar de 688 a 524, y la tasa autonómica por población es superior a la media: 88,7 frente a 74,3. Además, en todo el país aumentaron tanto los despidos (3,1%) como las reclamaciones (1,3%).