La Consejería de Educación de Cantabria, a septiembre

Que haya desencuentros entre los docentes y la Consejería de Educación no es ninguna novedad. Que un consejero no coincida con las reivindicaciones laborales o de otra índole de sus subordinados, tampoco. Pero lo que sí es novedoso en Cantabria es la política de confrontación total por la que ha optado el actual titular de dicho departamento, Sergio Silva (PP), pese a sus proclamas de “talante” con las que se descuelga en los medios de comunicación.

Esa confrontación ha sido evidente durante toda la negociación que los sindicatos docentes han forzado (y la palabra es esa, pues la cerrazón de la Consejería ha sido notable hasta para entablar el diálogo). Muestra de ello es que los miembros de la Junta de Personal llegaron al extremo de encerrarse durante una decena de días en la sede del Gobierno autonómico, acto que fue secundado por cientos de docentes, que se encerraron en decenas de centros de toda Cantabria.

También las declaraciones del consejero van en esa línea, con declaraciones que eran poco menos que un ultimátum. Plantear que si no se aceptaba su propuesta no había más que hablar, “castigando” a los docentes con no actualizar su salario, es desconocer las normas básicas de lo que es la negociación colectiva.

Aún peor han sido el goteo de declaraciones con las que buscaba menoscabar el prestigio del profesorado, con alusiones a las bajas, al absentismo… Un argumento falaz por dos motivos: en primer lugar, porque si hay bajas abusivas, somos el resto de los docentes los que las sufrimos, por lo que no tendemos a ser muy tolerantes en esta cuestión; en segundo lugar, porque las bajas las otorgan los médicos (no los equipos directivos o los compañeros) y es el Servicio de Inspección el organismo competente. 

En esa misma línea, la obsesión de la Consejería de Educación por transmitir una imagen del conflicto limitada al deseo de un colectivo que simplemente quiere cobrar más (aspiración legítima, por otra parte, para cualquier trabajador; y más para aquellos que llevan 17 años con el “tramo autonómico” de su salario congelado) es otro recurso falaz.

Los docentes y sus representantes sindicales llevamos años reclamando otras cuestiones que no tienen nada que ver con el salario, y que dañan la educación pública: las ratios exageradas, el continuo favoritismo hacia la privada-concertada en detrimento de la pública, una carga burocrática que impide centrarse en lo esencial (las clases y los alumnos), una implantación de la LOMLOE que choca contra la realidad de las aulas… Conviene recordar que el colectivo docente es uno de los que adolece de más horas extra impagadas.

Pero, sin lugar a dudas, lo más grave está siendo el rechazo del consejero a respetar uno de los derechos básicos de cualquier Estado de Derecho: el derecho a la huelga. Es perfectamente legítimo que un responsable político discrepe de una huelga convocada contra su gestión (faltaría más), incluso que la considere una medida “desproporcionada” (tal y como declaró Buruaga). Lo que no es legítimo es la panoplia de artimañas que desde la Consejería se han desplegado para limitar un derecho básico. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar el hecho de denegar el permiso para la huelga que se convocó para los días 21 y 22 de mayo diciendo que los sindicatos habían incumplido el plazo (y, a toro pasado, decir que había sido un “error suyo”). Más grave aún han sido la declaración como “servicios mínimos” de todos los profesores que imparten docencia en 2º de Bachillerato y que deben preparar para la PAU o para la Evaluación Final Extraordinaria. A efectos prácticos, ello supone hurtar el derecho de huelga a unos 20 docentes por instituto (eso, en un centro de tamaño medio), con un argumento extremadamente peregrino, como si la suerte de un alumno en la PAU, para la que llevan preparándose más de 8 meses, se jugara este miércoles.

Da que pensar que Silva era uno de esos alumnos remolones que lo dejan todo para el último día... Por otra parte, dado que parece estar muy concienciado con las necesidades del alumno de Bachillerato, supongo que no tendrá mayor problema en rebajar la ratio actual, a todas luces excesivas para poder trabajar por competencias, tal y como establece la LOMLOE, y tal y como los docentes llevan años pidiendo.

Finalmente, las instrucciones de cómo aplicar esos servicios mínimos, y cómo interpretar la “docencia en 2º de Bachillerato” (¿puedo hacer huelga si ese día no tengo clase con ellos?, por ejemplo) han sido confusas a posta, no respondiendo a los equipos directivos que pedían explicaciones al respecto, o haciéndolo de manera contradictoria. Indudablemente, la intención ha sido generar inseguridad jurídica, buscando dificultar -aún más- el legítimo derecho de todo trabajador a declararse en huelga. A escasas horas del inicio de la huelga, mucha gente no tenía claro si puede ejercer ese derecho o no.

Con estos mimbres, queda claro que el consejero no ha adquirido las competencias requeridas; en particular, dista de alcanzar la competencia ciudadana. Por lo tanto, no le quedará más remedio que repetir curso. Y -ay- a nosotros con él.