350 euros por una litera y camas alquiladas por horas: el coste de la vivienda golpea a los más vulnerables en Canarias y desborda a Cáritas

700 euros por una habitación, 350 euros por una litera o 450 por un salón. Son algunos de los ejemplos del problema de la vivienda en las Islas que describió este lunes la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, quien aseguró que se están dando prácticas como la de la “cama caliente”, es decir, alquilar una cama por horas a distintas personas. Durante la presentación de la memoria institucional de Cáritas insistió en que las situaciones más “sangrantes” se sufren por la imposibilidad de acceder a una vivienda, por los empleos precarios o por ser personas migrantes.

Cáritas remarcó que está atravesando un momento crítico, lo que ha llevado a tener que reorganizar la institución ya que ha sobrepasado su capacidad de atención social debido a sus dificultades económicas. Esto compromete su capacidad para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de la provincia de Las Palmas.

Cáritas explica que ha llegado a este punto debido a la falta de agilidad de las instituciones a la hora de gestionar las subvenciones y a una caída del 24% en las donaciones. Esto ha supuesto que la entidad haya tenido que solicitar un crédito “para paliar lo que tardan las administraciones públicas en abonar las subvenciones”. También a que hayan tenido que poner “techo” a determinados servicios como el comedor social o las ayudas al alquiler.

“Nos enfrentamos a una realidad en la que muchas familias no pueden permitirse pagar un alquiler, lo que tiene consecuencias devastadoras en su estabilidad, unidad y dignidad”, afirmó el director de Cáritas, Gonzalo Marrero.

Caya Suárez prosiguió denunciando la creciente mercantilización de la vivienda con prácticas irregulares y abusivas. “Se normalizan modalidades de vivienda inadecuada o infraviviendas”, remarcó. Además de elevados precios por habitaciones se dan casos de alquileres de cuartos aperos, cuartos de azotea, locales comerciales, garajes...

“Se están dando casos de precios abusivos de viviendas y habitaciones, familias hacinadas en casas compartidas, subalquileres de habitaciones y otros espacios sin cédula de habitabilidad, el aumento del negocio inmobiliario ofertando infraviviendas, la realización de un ‘casting’ previo con condiciones abusivas en los alquileres, el aumento del fenómeno de ‘cama caliente’ con turnos para el descanso en el mismo espacio, la ausencia de contratos y derechos en el alquiler o la venta del empadronamiento”, insistió la secretaria de Cáritas.

En su mayoría son familias monomarentales

Según la memoria anual, el 32% de las familias en riesgo de exclusión residencial atendidas desde el área de Vivienda de Cáritas eran monomarentales (hogares encabezados por una mujer) y el 58% de estas familias eran, además, extranjeras. “Este tipo de hogar afronta situaciones más complejas y cualquier tipo de carencia material se multiplica en los hogares en los que solo hay un adulto y menores a cargo. En estos hogares, la capacidad de conciliación laboral disminuye, dependen de un único ingreso y no existe un marco normativo que defina y regule a las familias monoparentales”, recoge el informe.

Suárez también incidió en los bajos salarios de Canarias, unido a la precariedad laboral de la hostelería y al hecho de que muchas de las personas atendidas provienen de la economía sumergida. Otras reciben una pequeña prestación, pero que no cubre todos los servicios básicos. Por ello, han insistido desde Cáritas en que los perfiles que solicitan su ayuda han cambiado y que personas que nunca pensaron que solicitarían esta atención a la entidad ahora lo hacen.

Un dato al que se hace referencia en la memoria es a que en Canarias el empleo que se genera está muy asociado al sector servicios, concretamente, al turismo. Y añade que este empleo se encuentra remunerado por debajo de otros sectores y las jornadas laborales son más largas. “La economía sumergida carece de protección social y de garantías laborales básicas. El 10% de los hogares atendidos en Cáritas se inserta en la economía sumergida que, a pesar de la gran precariedad que representa y la indefensión que supone para las personas trabajadoras, se ha convertido en una vía de ingresos esencial para personas migrantes que no tienen regularizada su situación administrativa y carecen de otros recursos”, agrega la memoria.

El informe apunta que la tasa AROPE también ha mejorado en Canarias, situándose en el 31,2%. No obstante, afrontar gastos imprevistos sigue siendo una dificultad para el 48,9% de la población en Canarias y ha aumentado el porcentaje de personas que manifiestan llegar a fin de mes con “mucha dificultad” (12,4%, +2,5 puntos porcentuales).

“Conseguimos prestar atención y acogida a los últimos de los últimos, a quienes quedan fuera del diseño de las políticas públicas, a quienes son descartadas durante el procedimiento o a quienes esperan resolución. Sin embargo, las limitaciones de financiación de Cáritas y la falta de recursos también han supuesto impedimentos y dificultades a la hora de abordar algunas realidades de pobreza y exclusión en este último período, teniendo que priorizar las situaciones más sangrantes y de mayor vulnerabilidad”, resume la memoria institucional.

Durante la presentación, también se hizo hincapié en la población migrante, a quienes “los obstáculos se multiplican por la ausencia de una autorización de residencia y trabajo o por la temporalidad de la misma. De modo que, las posibilidades de encontrar un empleo o una vivienda digna se reducen de forma significativa”.

Migrantes sin protección social pública

“El 54% de los hogares a los que Cáritas dio respuesta en 2024 es de origen migrante. El 57% se encuentran en situación administrativa irregular, por lo que carecen de protección social pública. La incertidumbre se agrava aún más para los menores en situación de desamparo por el limbo jurídico en el que quedan al cumplir la mayoría de edad”, subrayó Caya Suárez.

“Las dificultades generadas en torno al empadronamiento suponen una grave vulneración de derechos, en tanto puerta de entrada a la protección social y a los procesos de arraigo de la población migrante en situación administrativa irregular. Muchos ayuntamientos ponen trabas al empadronamiento en lugares sin cédula de habitabilidad y también los propios arrendadores u otros inquilinos obstaculizan este trámite porque les perjudica para el acceso a ayudas, subvenciones o rebajas fiscales. Ante estas situaciones, se genera un nuevo abuso de la vulnerabilidad, ofreciendo la venta de empadronamientos o generando un coste extra en la vivienda de alquiler si requiere de empadronamiento”, denuncia Cáritas.

Cáritas Diocesana de Canarias hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana, al compromiso de las instituciones públicas y empresas privadas, recordando que detrás de cada cifra hay familias reales que merecen una vida digna. Durante la presentación de la memoria el obispo José Mazuelos también destacó que “alzamos la voz porque la pobreza es más intensa para las familias y Cáritas tiene más dificultades para atender a una realidad que se agrava para los más vulnerables”.