La Consejería del caos: menores migrantes, dependencia y el pacto de desgobierno que nadie cuestiona

La situación actual de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, bajo la dirección de Candelaria Delgado (CC), puede definirse sin ambages como un desastre en curso. Las recientes informaciones publicadas por La Vanguardia y Canarias Ahora no son casos aislados, sino síntomas de un deterioro generalizado de las políticas públicas en áreas clave como la infancia migrante y la dependencia, gestionadas con una mezcla peligrosa de improvisación, soberbia y opacidad.

Especialmente llamativo es el doble discurso que mantiene el Gobierno de Canarias, sustentado en un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Mientras desde las islas se reclama solidaridad y se denuncian las consecuencias de un sistema de acogida desbordado por la llegada de menores migrantes no acompañados, el PP —socio de gobierno de CC— bloquea sistemáticamente cualquier intento de reparto estatal justo y solidario. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan, de forma explícita y reiterada, a asumir su cuota de responsabilidad, incumpliendo no solo principios éticos básicos, sino también los compromisos internacionales de protección de la infancia.

Y, sin embargo, ni una sola crítica. Ni un solo gesto de distanciamiento. Desde el Ejecutivo canario se sigue sosteniendo, con aparente normalidad, un pacto que más que de gobierno parece de desgobierno. Se hacen los suecos mientras la casa se cae a pedazos, y la ciudadanía asiste perpleja a este espectáculo de incoherencias políticas y cálculos partidistas. Todo ello, a costa de los derechos y necesidades de los sectores más vulnerables de la población.

A ello se suma la actitud desafiante y soberbia de la consejera Candelaria Delgado, que ante el escándalo revelado por Canarias Ahora en relación al área de Dependencia, se limita a atribuirlo a un “error técnico” —por supuesto, no suyo— mientras las voces expertas alertan del retroceso que implica el nuevo decreto. Personal técnico y trabajadores de la propia consejería denuncian que el procedimiento se ha desmantelado, que se han impuesto criterios burocráticos arbitrarios y que el caos organizativo pone en riesgo la atención a miles de personas en situación de alta vulnerabilidad. Y, sin embargo, ni dimisiones ni asunción de responsabilidades.

Debo señalar que no tengo un conocimiento técnico preciso del funcionamiento del área de dependencia, y no me corresponde a mí realizar valoraciones profesionales en este ámbito. Sin embargo, a raíz de lo publicado por medios solventes y, sobre todo, de lo que denuncian públicamente quienes sí conocen bien el sistema —tanto desde dentro como desde fuera—, es fácil hacerse una idea del estado generalizado de desorganización y falta de rumbo. Una “casa manga por hombro”, como bien lo describen los propios trabajadores. Y todo esto ocurre ante el silencio cómplice de buena parte de los medios afines al gobierno, que prefieren mirar hacia otro lado mientras se desmontan políticas públicas fundamentales que tanto interés despertaron en la anterior legislatura, abriendo informativos y ocupando portadas casi a diario.

Durante aquella etapa se lograron avances notables, con una clara apuesta por el fortalecimiento de los sistemas de protección social: se duplicó el número de plazas de acogida digna para menores migrantes, se agilizaron los procedimientos de valoración de dependencia y se aumentó significativamente el personal técnico. Todo ese trabajo está siendo ahora desmantelado, y lo más preocupante es que apenas se está contando. La falta de fiscalización y de crítica pública es tan grave como la propia mala gestión.

Es imprescindible que desde la sociedad civil, los medios de comunicación y los sectores profesionales se exija con firmeza responsabilidad política, transparencia y un compromiso real con los derechos sociales. Porque no se puede seguir sosteniendo un gobierno que renuncia a gobernar, ni normalizar que quienes más protección necesitan queden atrapados en la telaraña de intereses partidistas y negligencias administrativas.