CEPYME Aragón cifra en 110 millones de euros las pérdidas de las pymes por la interrupción del suministro eléctrico

CEPYME Aragón ha realizado un análisis de las incidencias sufridas por las pequeñas y medianas empresas aragonesas durante el apagón de la pasada semana. De acuerdo a la información recopilada, el 76% de las empresas sufrieron un parón total en su actividad, el 16% pudo continuar con su operatividad de manera parcial y un 8% no sufrió ninguna incidencia debido, principalmente, a que contaron con equipos electrógenos.

Entre las principales afecciones registradas se encuentran las caídas de red y telefonía que impidieron la atención al cliente y la conexión con plataformas digitales, la paralización de la producción, especialmente en industrias del metal, automoción y agroalimentarias, la pérdida de pedidos y ventas en comercios minoristas, estaciones de servicio y empresas de servicios y las incidencias en cobros electrónicos con TPVs inoperativos incluso en negocios que contaban con sistemas de respaldo.

El sector transporte y logística fue uno de los más golpeados. Se registraron problemas en la cadena de suministro, interrupción del reparto y dificultades de comunicación que afectaron tanto a empresas de transporte de mercancías como de pasajeros.

En el sector del metal y de la automoción, numerosos talleres y fábricas denunciaron interrupciones productivas, pérdida de pedidos y averías en equipos informáticos, así como la imposibilidad de realizar trámites administrativos esenciales.

El comercio minorista, por su parte, sufrió un alto volumen de incidencias, especialmente en zonas urbanas de Zaragoza y Huesca donde los problemas eléctricos, la inoperatividad de los TPVs y la caída de las ventas fueron la tónica durante y después del apagón.

Por otro lado, un 30% de las empresas ha indicado que no pudieron reanudar su actividad el día siguiente, por lo que el impacto económico no se restringe únicamente al día del apagón.

Por todo ello, se calcula que el tejido empresarial vio mermada su actividad en un 85%, por lo que, teniendo en cuenta que la contribución económica diaria promedio de Aragón se estima en unos 130 millones de euros, la evaluación de la pérdida económica directa (valor añadido dejado de generar) para Aragón se sitúa en torno a los 110 millones de euros.

Desde CEPYME Aragón han recalcado que esta cifra representa una pérdida de actividad económica o valor añadido bruto potencial, no necesariamente una pérdida de beneficio neto ni una pérdida asegurable bajo los términos estándar de las pólizas de lucro cesante.

A este respecto del seguro, las condiciones contractuales estándar predominantes en el mercado asegurador español hacen que la probabilidad de obtener una indemnización por lucro cesante en este escenario específico sea muy baja para la mayoría de las empresas que cuentan con pólizas básicas.

CEPYME Aragón ha insistido en que es imprescindible esclarecer el origen del fallo con la mayor celeridad y garantizar que no se repita una situación similar en el futuro. En un momento en el que las empresas, especialmente las pymes, ya lidian con altos costes energéticos y un entorno económico incierto, un apagón no es solo un contratiempo, es una amenaza real a su competitividad. Las empresas necesitan garantías para poder trabajar con normalidad.

Reducción de la jornada

Además del grave impacto que ha supuesto el apagón, desde CEPYME Aragón han reiterado su preocupación por la aprobación de la reducción de la jornada laboral en Consejo de Ministros. Si bien se cierto que el Ejecutivo necesita unos apoyos parlamentarios que, por el momento, no está garantizados, se trata de una medida cuya tramitación se ha realizado sin el necesario diálogo social ni una evaluación previa de sus implicaciones económicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

La decisión aprobada supone, en términos generales, una reducción media de 12 jornadas laborales al año, lo que equivale a casi medio mes de trabajo. Esto se traduce en un incremento de costes para las empresas que puede oscilar entre los 400 y los 800 euros por trabajador, en función de los convenios colectivos aplicables.

La organización ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que valoren con responsabilidad que determinadas normas de carácter laboral tienen consecuencias económicas importantes que deben ser tenidas en cuenta antes de su aprobación.

Considera que este tipo de reformas deben abordarse en el marco del Diálogo Social, donde puedan ser consensuadas con los agentes económicos y sociales; o, en su defecto, negociadas dentro del ámbito de la negociación colectiva, donde las partes implicadas conocen las características específicas de cada sector. “Esta medida podría haberse abordado de otra manera: con más tiempo, más diálogo y más consenso”.