Ruiz Escudero, Mur y Reyero: los protagonistas de la pandemia en las residencias de Madrid que investigan los tribunales

La Justicia ha reactivado la investigación sobre lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Dos juzgados de instrucción han reabierto dos causas –que ahora se unifican– contra varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para esclarecer cómo se implementó el protocolo que impidió la derivación de miles de ancianos.

Esta decisión surge de una nueva estrategia judicial de los familiares de las víctimas que, por primera vez, han logrado que varios gestores de la crisis comparezcan como imputados. Este avance lo han conseguido tras iniciar un nuevo procedimiento contra los ex altos cargos de Ayuso por un presunto delito de denegación discriminatoria.

Carlos Mur, Alberto Reyero, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño son los primeros gestores citados por los jueces para que den explicaciones sobre lo ocurrido durante aquellos días y justifiquen por qué se implementó un triaje que dejó a más de 7.000 usuarios de residencias sin asistencia sanitaria. Estos son los rostros que gestionaron aquella crisis.

Enrique Ruiz Escudero. Actualmente, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y senador, durante la pandemia fue consejero de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es uno de los máximos responsables políticos de lo que sucedió en las residencias, ya que el 26 de marzo de 2020 la presidenta quitó las competencias de las residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, y se las transfirió a la de Sanidad.

“La actuación de la Comunidad de Madrid fue la correcta”, aseguró Escudero al ser preguntado sobre las decisiones de su Ejecutivo durante la crisis sanitaria, a pesar de que los datos desmienten esta afirmación. Una investigación académica liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui concluyó que la tasa de mortalidad (40%) por Covid de mayores que vivían en residencias durante la primera de ola de la pandemia, y que no fueron hospitalizados, fue mucho mayor en la Comunidad de Madrid, que en otras regiones, en las que osciló entre el 7,7% y el 25,9%.

Escudero llegó a contradecir a Ayuso, que aseguró que los protocolos eran meros borradores y que “no se llevaron a ningún lugar”. A diferencia de la presidenta, el exconsejero aseguró en la Asamblea de Madrid que esas decisiones de triaje sí que llegaron a las residencias y los hospitales, aunque dijo que se hizo “por error”.

Alberto Reyero. Siendo aún consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Reyero fue muy crítico con los protocolos que impedían la derivación de ancianos de residencias a hospitales. Primero mostró sus discrepancias en privado, enviando correos electrónicos a Escudero. Posteriormente, lo hizo en público. En la Asamblea de Madrid aseguró que esa instrucción “no es ética y posiblemente no sea legal”, también se manifestó “absolutamente a favor” de que se produjese una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias.

El 22 de marzo de 2020 Reyero escribió a Escudero, en un mail que meses después fue publicado por El País: “Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas”.

El exconsejero de Ciudadanos nunca recibió respuesta. “Siempre se explicaba que las decisiones sobre derivar o no a una persona se basaban en criterios clínicos y personalizados. Las di por buenas, pero, según fueron pasando los días, me di cuenta de que eso no era correcto y que lo que se estaba haciendo era una discriminación en bloque a personas simplemente por el hecho de vivir en una residencia, de tener discapacidad y dependencia”, apuntó Reyero en una entrevista con elDiario.es.

Carlos Mur. Fue cesado dos meses después de que estallara la pandemia. Cuando irrumpió el virus en las residencias, ocupaba el cargo de director general de Coordinación Sociosanitaria y fue el encargado de firmar las distintas versiones de los protocolos. “Carlos Mur ha hecho un gran trabajo en las residencias de mayores, y es una de las personas que más ha contribuido para frenar la crisis en ella”, aseguró Ayuso en su perfil en X cuando le destituyó. El tiempo demostró que esa afirmación no era cierta, ya que Mur nunca volvió a la Comunidad de Madrid. Su último puesto de trabajo fue el de jefe de servicio de salud mental en el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, según su perfil en Linkedin.

Con la decisión de un juzgado de instrucción de Leganés y otro de Madrid de investigar si las órdenes implementadas por la Consejería de Sanidad fueron discriminatorias o no, Mur tendrá que declarar por primera vez como imputado. Lo hará en las dos causas.

Esa comparecencia no será la primera en la que el psiquiatra explique su versión de los hechos, ya que lo hizo previamente en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid y en sede judicial, pero, en esa última citación lo hizo, como testigo. En la cámara regional aseguró que los documentos que firmó no eran “borradores”, sino que era una estrategia sanitaria con la que aportar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”.

Además, Mur se descargó de responsabilidad, ante las preguntas de los diputados, asegurando que “siempre” mantuvo informados a sus superiores directos. En su declaración, señaló a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, también imputado en las dos causas abiertas por los protocolos. El psiquiatra aseguró que fue su sustituto el que coordinó con 18 geriatras el texto que él posteriormente firmó.

Francisco Javier Martínez Peromingo. La defensa de las familias sitúan a este sanitario como el “coordinador del llamado Protocolo técnico, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse”. Él también compareció en la Asamblea de Madrid y desmintió las afirmaciones que hizo en la comisión de investigación. Cuando estalló la pandemia era jefe de servicio de geriatría en el hospital público Rey Juan Carlos de Móstoles, gestionado por el grupo Quirón.

Martínez Peromingo aseguró que las instrucciones firmadas por Carlos Mur eran “recomendaciones”. “Yo no lo entendí como una orden”, aseguró durante el interrogatorio de los diputados de la oposición. En esa intervención reconoció que no estaba de acuerdo con los criterios que quedaron por escrito en los documentos, y reseñó: “Tal y como está redactado, me refiero a la parte que se remitió, parece discriminatorio”.

Además, preguntado sobre la gestión de su antecesor en el cargo, confesó que no creía que lo hubiese hecho “todo bien”. Se vivió “una situación complicadísima” y “cometió muchos errores”, entre ellos, detalla “el envío” de los protocolos, a los que se refirió como “borradores o no borradores”: “No dejándose asesorar”. Tras salir del gobierno regional, Martínez Peromingo volvió al grupo Quirón, al servicio de geriatría de la Fundación Jiménez Díaz.

Antonio Burgueño. Su asesoramiento a la Comunidad de Madrid duró pocos días, aun así ha sido uno de los primeros testigos en declarar en las nuevas investigaciones judiciales que se han abierto para analizar la aplicación de los protocolos que impidieron la derivación sanitaria. “Solo daba consejo por teléfono cuando me lo pedían. A los tres o cuatro días me aparté porque los médicos de la sanidad madrileña se opusieron a que yo participara”, explicó el facultativo meses después en una entrevista con El País. Su fichaje como “asesor externo” generó críticas por su pasado como exdirector general de Hospitales y arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid impulsada por los gobiernos de Esperanza Aguirre.

La primera llamada para sumarse al equipo conformado por la presidenta para hacer frente a la pandemia se produjo el martes 10 de marzo de 2020 a las cinco de la tarde, como explicó en la citada entrevista. Fue la propia Ayuso la que levantó el teléfono para hablar con él y le citó un día después. A esa reunión en la Puerta del Sol también acudió su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; los exconsejeros de Sanidad y de Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Lasquetty.

Cinco años después, en uno de los juzgados que investiga la aplicación de los protocolos, declaró que en ese encuentro fue “nominalmente declarado mando único sanitario”. En ese momento, la magistrada ha parado la testifical de Burgueño ante la posibilidad de que pueda llamarle como investigado y no perjudicar, de esta forma, su derecho a la defensa.

En esa reunión del 11 de marzo, no se mencionaron los protocolos que impidieron la derivación de los mayores que vivían en residencias a los hospitales, según explicó el abogado de la acusación. Siempre que ha sido preguntado por esas instrucciones, Burgueño se ha desvinculado de esas medidas. “Yo no he visto esos protocolos. Los geriatras que los elaboraron pensaban que alguien vería a esos enfermos”, aseguró en la entrevista que dio a El País.

Pablo Busca. Era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las familias le han denunciado porque defienden que “las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace”.

Busca coordinó el Summa 112 de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2022, posteriormente dirigió la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud y desde octubre de 2024 es coordinador de Emergencias de Osakidetza, sistema vasco de salud.

Ana Dávila. Cuando estalló la pandemia, era viceconsejera de Asistencia Sanitaria y la directora general del Servicio Madrileño de Salud. Reyero señaló a Dávila en su libro 'Morirán de forma indigna', por no proporcionar medios sanitarios a las residencias. “No quisieron entender nunca algo que les repetimos constantemente; que había más de 100 residencias que no contaban con un médico; y que la plantilla sanitaria era muy limitada en las residencias que sí lo tenían”, expuso el exconsejero, tal y como publicó elDiario.es.

Dávila fue uno de los 18 altos cargos de la Consejería de Sanidad a los que Mur remitió el protocolo, tal y como él mismo reconoció en la comisión de investigación de las residencias abierta en la Asamblea de Madrid. En su comparecencia en la cámara autonómica se dio la situación paradigmática de que Dávila también era miembro de la propia comisión, ya que tras su destitución fue integrada por el PP en ese grupo de trabajo. Tras las últimas elecciones generales, Ayuso la escogió como consejera de Asuntos Sociales. Desde entonces, es la encargada de gestionar los asuntos de lo que sucede en las residencias.