En riesgo de perder los papeles en pleno tratamiento contra el cáncer de mama por el nuevo reglamento de extranjería

Han pasado dos años desde que los médicos de María dieron por controlado su cáncer de mama, pero el miedo a la recaída sigue presente. Trata de esquivarlo y apenas tiene tiempo para observarlo, pero a veces ruge desde el dolor de sus piernas, cuando deja un rato la fregona en su trabajo porque las secuelas del tratamiento le impiden seguir el ritmo que le gustaría. Se asoma a la hora de la medicación, en el “jugo verde” que le recomendaron, cuando rechaza el sobre de azúcar. La tripa aprieta un poco más la noche anterior de la revisión mensual y, últimamente, también aumenta cuando llama su abogada. Mucho más si piensa en volver a interrumpir su tratamiento por su situación administrativa.

El temor a que el cáncer vuelva suele ser una emoción común entre quienes superan la enfermedad, pero María convive con la recuperación de su enfermedad mientras lidia en los últimos meses con el limbo en el que la deja el reglamento de la Ley de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Desde esa fecha, si recibe una nueva denegación de su petición de asilo -que se encuentra en fase de recurso- y el Gobierno no aprueba una solución para casos como el suyo, la mujer se quedará sin papeles y no podrá volver a regularizarse hasta que pasen dos años, tal y como obliga la nueva normativa que castiga a los demandantes de protección internacional cuya petición haya sido rechazada. 

Y para María, que continúa en seguimiento médico y bajo tratamiento para evitar el regreso de la enfermedad, caer en la clandestinidad tiene un efecto añadido, dadas las trabas con las que se chocan las personas sin papeles para acceder a la sanidad de forma normalizada - pese a que la norma obliga a que esté garantizada-, además de todas las consecuencias económicas ligadas a la irregularidad.

Después de pasar por quimioterapia, radioterapia y una mastectomía, la mujer mantenía su tratamiento médico y empezaba a participar en un ensayo clínico del Hospital Regional Universitario de Málaga cuando conoció los efectos que podría tener en su vida la nueva normativa. Como muchos otros solicitantes de asilo, antes de la entrada en vigor del reglamento, barajó sus diferentes opciones. La norma incluía una disposición transitoria con el supuesto objetivo de evitar que los demandantes de protección que estaban en España antes de su aprobación pudiesen pedir un permiso por arraigo durante un tiempo limitado, siempre que cumpliesen con una serie de requisitos, entre las que se encontraban haber recibido una respuesta denegatoria en firme y vivir irregularmente durante seis meses antes de pedir la nueva autorización, excluyen a miles de demandantes de protección.

Así, para acogerse a esta vía, tanto María como su hija debían renunciar a su proceso de asilo y esperar seis meses sin papeles. Y no se lo podían permitir. 

Si lo hacían, María correría el riesgo de ver interrumpido su tratamiento oncológico. Su hija perdería su empleo en una empresa de alquiler de coches, de cuyo sueldo dependen ambas. “Si ella renunciase, la echarían y ¿de qué íbamos a vivir?”, se pregunta la venezolana. “Y si yo renuncio puedo perder mi asistencia médica. ¿Qué hacemos entonces?”. 

Su decisión, como la de tantos otros demandantes de protección, ha pasado por arriesgarse, tirar para delante y confiar en una respuesta positiva de su petición de protección, en la que su abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recalcado la vulnerabilidad añadida ligada a la enfermedad de María. “Nos la hemos jugado hasta ahora. Pero no llega la respuesta al recurso, después de cuatro años, y vivir en esta incertidumbre es muy angustioso. El riesgo es muy alto, si nos lo deniegan podemos perder todo, ¿cómo vamos a sobrevivir dos años sin papeles si no podríamos ni seis meses? ¿Por qué lo hacen así?”, se pregunta María con desesperación. 

Hay otra posible opción para esta familia y todas las personas afectadas por el reglamento de extranjería, pero aún se encuentra en trámite parlamentario: la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que el Gobierno decidió impulsar poco antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento como fórmula para arreglar alguna de las lagunas de su propia normativa. El borrador inicial de la propuesta presentada a los diputados que conforman la Comisión de Trabajo reconoce que, pese a que el nuevo reglamento “mejora” algunas de las vías para regularizar a las personas sin papeles “existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo”, como “las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”. 

Para que salga adelante la medida, que podría beneficiar casos como el de María, el texto debe ser consensuado en el Congreso y obtener el respaldo de la mayoría parlamentaria. Aunque el Gobierno asegura estar buscando una solución para estas personas, aún nada está garantizado.

Perder los papeles en plena enfermedad

María dejó Venezuela junto a su pareja y su hija por las situaciones de violencia que vivía en su país, según su relato. Tras pasar por Panamá, llegó a España en 2021, donde pidió asilo. Poco después de su llegada, un fuerte dolor en el pecho la empujó a acudir al médico. “Antes me había dolido pero no pensé que fuese tan grave. Al llegar, me acrecentó el dolor, casi no dormía, fui a la policía a pedir el asilo y, cuando tuve asistencia médica, se percataron de que tenía un cáncer inflamatorio muy fuerte”, explica la mujer por teléfono a elDiario.es. “Todo fue tan rápido. Llegué en julio de 2021 y en septiembre fui diagnosticada”, recuerda. 

El inicio de su nueva vida en otro país fue atravesado por las pruebas, el impacto del diagnóstico, los ciclos de quimioterapia, la operación, el post-operatorio y el tratamiento de radioterapia. En ese momento, la mujer, su hija y su pareja fueron acogidas en un centro para solicitantes de asilo de CEAR. “Esto no ha sido nada fácil. Fue muy fuerte. Yo estuve en esta batalla prácticamente sola. Mi compañero durante muchos años me perdió el cariño y apenas me atendía. Mi niña estaba en la adolescencia… Había días que apenas podía moverme, pero me levantaba, hacía la comida como podía”, lamenta la mujer. Cuando parecía que su vida empezaba a recolocarse, superada la operación y las sesiones de quimioterapia y radioterapia, llegó la respuesta del Ministerio del Interior a su petición de asilo: negativa. 

El Gobierno suele conceder a la mayoría de personas venezolanas que solicitan asilo un permiso de residencia por razones humanitarias, pero la Oficina de Asilo en 2023 denegó la petición de María y su familia por haber pasado por un tercer país considerado seguro (Panamá) antes de su llegada a España “sin tener en cuenta la información médica presentada en el expediente”, explican desde CEAR. La decisión acarreó su salida del sistema de acogida estatal y la pérdida de su tarjeta de residencia. A nivel personal, su pareja y padre de su hija decidió cortar la relación y regresó a Venezuela. Su abogada recurrió la decisión ante la justicia pero, hasta lograr la formalización y el documento temporal que les permitía vivir y trabajar en España hasta la resolución del recurso, se quedaron en situación irregular durante alrededor de tres meses.

Aunque la normativa española reconoce el derecho a las personas sin papeles a recibir asistencia sanitaria, en la práctica no siempre logran ver reconocido este derecho o se encuentran con importantes trabas en el camino. María insiste en que la pérdida de sus papeles por el nuevo reglamento supondría la interrupción de su tratamiento oncológico porque habla desde la experiencia: entre la negativa de su petición de asilo y la admisión a trámite de su recurso, la mujer no pudo acceder a una consulta de su médica de cabecera hasta tres meses después, asegura.

Después de meses sin la receta médica necesaria para comprar su medicación, agotada de esperar y aterrorizada por las posibles consecuencias, María decidió plantarse durante horas en el recibidor de su centro sanitario para conseguir una solución. “A mí me tienen que meter en el sistema, necesito mis medicamentos, no pueden dejarme morir”, recuerda que dijo entonces. Finalmente, tras mucha insistencia, logró que el personal administrativo encontrase la forma de reactivar su tratamiento. 

Además de no poder tomar su medicación, la pérdida de sus papeles la empujó a la exclusión mientras lidiaba con las secuelas de su enfermedad. “Yo me hinchaba, mis piernas me dolían demasiado. Después de la radioterapia me quedé muy dolorida, agotada y deprimida. Y, estando así, tuve que dormir varias noches en la calle y buscar una habitación donde vivir. Viví también en la oficina de una amiga y, después, aún con las secuelas del tratamiento trabajé como interna en casa de una señora que me tenía esclavizada, mientras mi niña vivía en otro lugar”, detalla María cuando recuerda aquella etapa. “¿Cómo voy a renunciar al proceso de asilo y pasar seis meses en esa situación?”, 

Actualmente, María ha logrado cierta estabilidad. Encontró una habitación económica en Loja, a donde se ha mudado. Evita pensar mucho en la posibilidad de perder todo de nuevo y pide una solución. La enfermedad le ha dejado secuelas, lo que le impide encontrar un trabajo fijo, pero busca empleos temporales o por horas. Aún siente dolores entre la espalda y el lado del pecho intervenido. La inflamación de su pierna derecha le provoca cojera. “Cuando me toca limpiar un piso más de cuatro horas siento unos dolores muy fuertes. Mi niña ha sacrificado mucho por mí, y trabaja mucho para sacarnos adelante. Cuando tengo dos o tres pisos a la semana siento mucho agotamiento, pero no voy a dar lástima, tengo que echar para adelante, tengo que solucionar mi vida”, asume María.

La mujer ha conocido la información sobre el impulso del Gobierno de la ILP para la regularización extraordinaria de inmigrantes. “Ojalá lo hagan. Ojalá llegue a buen término”, dice la venezolana, que teme quedar fuera en caso de que la medida exija requisitos que, en su situación, no pueda cumplir, como una oferta de contrato de trabajo. “Ojalá piensen en todos. Somos muchos los que queremos hacer las cosas bien”, concluye la solicitante de asilo.