Las Cortes de Castilla y León piden al Gobierno que dote de más medios humanos a la Guardia Civil

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de las Cortes de este miércoles una iniciativa del PP para reclamar más medios humanos y materiales para la Guardia Civil ante el intento, según denuncian, del Gobierno de España por desprestigiar al Instituto Armado.

Así lo ha trasladado Mari Ángeles Prieto (PP), que ha contado con los votos a favor de los procuradores no adscritos, de Francisco Igea y Pedro Pascual (Por Ávila) y de los grupos parlamentarios de UPL-Soria Ya y Vox y el rechazo del grupo socialista y del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Entre los puntos de la proposición no de ley, las Cortes instan a la Junta a exijir al Gobierno de España su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cobertura de todas las vacantes de Guardia Civil, la reconsideración de la Ley de Seguridad Ciudadana, la dotación de recursos e infraestructuras, la puesta en marcha de un plan de atención público en los cuartes y el reconocimiento de profesión de riesgo para estos cuerpos.

Prieto ha acusado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de tratar de “colonizar las instituciones” y de atacar la separación de poderes, así como de reducir la influencia de la Guardia Civil como pago para mantenerse en el poder, que ha identificado con el traspaso de competencias a Cataluña o País Vasco.

La procuradora 'popular' también ha lamentado el mal estado de muchas casas cuarteles, la falta de medios humanos y materiales, así como ha denunciado “el desmantelamiento oculto del Seprona”, el servicio de la Guardia Civil para la protección de la naturaleza.

La procuradora de Vox Susana Suárez ha agradecido la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) por descabezar “la organización criminal Partido Socialista Obrero Español” y ha presentado dos enmiendas, que sí ha aceptado el PP, para garantizar la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otros cuerpos de seguridad españoles.

Fernando Pablos (PSOE) ha trasladado su apoyo a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha asegurado desde 2018 se han ofertado más de 40.000 plazas de policías y guardias civiles hasta alcanzar “el máximo histórico” de 156.463 agentes y que en Castilla y León se ha traducido en 676 agentes más.

Pablos ha afeado esta propuesta por no hablar de la Policía Nacional, que ha vinculado a que es la UDEF la que investigó a la trama de corrupción del PP de la Gürtel, ha lamentado que la procuradora popular actúe como “una 'hooligan' en lugar de como una parlamentaria y ha subrayado la modificación de la llamada ”Ley Mordaza“ busca, entre otras cosas, ”recuperar la totalidad de los derechos de opinión, reunión y manifestación“ y ”dotar a los agentes de una mayor cobertura legal en el desempeño de su trabajo“.

Por su parte, José Ramón García (UPL) ha reconocido como “imprescindible” la labor del Instituto armado y ha considerado necesaria toda iniciativa para reforzar sus medios y la cobertura de las plazas vacantes, aunque ha rechazado que se utilicen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como “arma arrojadiza” en la confrontación política.

García ha presentado cinco enmiendas para ampliar esta mejora de medios a la Policía Nacional y ha planteado la creación de una casa cuartel de Ciudad Rodrigo y una comisaría en Benavente, así como la creación de dos jefaturas dada la extensión de la Comunidad: una para la Región Leonesa y otra, para “Castilla La Vieja”, que no han sido aceptada por el proponente.

En el Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila), Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea han valorado la labor que lleva cabo la Guardia Civil especialmente en el medio rural, pero los dos últimos han reclamado que también la apoyen cuando investigan los casos de corrupción del Partido Popular.

Durante el debate, los grupos de PP y Vox han cargado contra los casos de corrupción que se atribuyen a miembros del PSOE y del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que algunos grupos de la oposición han acusado a los partidos de la derecha de mantener una actitud demagógica y de obviar los casos de corrupción que han afectado a los populares. “Corruptas son las personas, no los partidos”, se ha defendido Mari Ángeles Prieto (PP).