La empresa de ambulancias del caso Parches aparta a sus tres trabajadores investigados en Gran Canaria

La multinacional Health Transportation Group (HTGroup) ha apartado de forma cautelar a los tres trabajadores de Tasisa (su filial en Canarias) imputados en el llamado caso Parches, la investigación judicial abierta en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria por la presunta falsificación de material sanitario utilizado para la reanimación cardiopulmonar de pacientes pediátricos en ambulancias de las Islas. 

Los investigados son la hasta ahora gerente de Tasisa (J.P.M.L.), el responsable zonal y supervisor de recursos materiales (N.M.L.) y un auxiliar administrativo que se encargaba de las peticiones y suministro de material médico (M.L.J.R.). 

Fuentes cercanas a la empresa han confirmado a este periódico estos “ceses cautelares”, que atribuyen a “nuevos hechos” de los que HTGroup ha tenido conocimiento de forma reciente y que, de momento, no han trascendido porque aún se investigan de manera interna. 

Según la información trasladada por estas fuentes, la empresa ha tomado la decisión de apartar de manera temporal a esos trabajadores “para que no interfieran” en esta nueva línea de investigación que se ha abierto y que se suma a la que ya estaba en marcha en el seno de la multinacional por la presunta falsificación de los parches desfibriladores pediátricos y las numerosas carencias e irregularidades detectadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.  

En una reciente reunión con representantes de los trabajadores, directivos de HTGroup comunicaron esa decisión y también la retirada de todos los parches desfibriladores pediátricos de las ambulancias y bases de la empresa y la adquisición de 50 unidades para adultos y 50 para niños, aportando una ficha técnica con las especificaciones de estos productos. 

A través de su filial canaria (Tasisa), HTGroup resultó adjudicataria en 2019 de un lote del concurso de ambulancias en la isla de Gran Canaria y de todos los de Tenerife. También opera en La Palma. La multinacional es la principal proveedora de transporte sanitario en España y la segunda de Europa y desde julio de 2021 es propiedad de un fondo de inversión británico, Real Assets Investment Management. 

Caso Parches

El llamado caso Parches se abrió en agosto de 2023, a raíz de la denuncia presentada por un trabajador, delegado de prevención del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (SITES), tras el hallazgo en una ambulancia de un parche desfibrilador para reanimar a pacientes pediátricos que habría sido falsificado para que pudiera ser utilizado por los sanitarios pese a que estaba caducado. Una revisión posterior permitió acreditar que había otros productos en idénticas condiciones.

La UDEF asumió la investigación y durante las pesquisas comprobó que la empresa había incurrido en numerosas irregularidades e incumplimientos de los pliegos del contrato suscrito con la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), responsable del servicio de transporte sanitario en las Islas.

Además de la presunta falsificación de parches desfibriladores pediátricos, en la causa se investigan delitos contra la salud pública vinculados con la ausencia de material sanitario imprescindible en las ambulancias, incluidos fármacos, o la presencia de medicamentos caducados.

La UDEF registró las dependencias de Tasisa en noviembre de 2023. También el local donde la empresa guarda el material en el Hospital Insular de Gran Canaria. Además de hallar una gran cantidad de productos con la fecha vencida, en esa entrada los agentes accedieron a los equipos informáticos y encontraron varios correos electrónicos de trabajadores, algunos de ellos fechados tres años antes, que ya advertían de las carencias en las ambulancias.

“Falta medicación vital para el ejercicio de nuestra profesión y esencial para los ciudadanos en situaciones críticas”, escribía un enfermero al supervisor de Tasisa en un correo a principios de diciembre. Ante la falta de respuesta, remitió otro veinte días después en el que decía que esa misma ambulancia medicalizada debía quedar inoperativa porque no cumplía los requisitos mínimos. “Como profesional, no me voy a exponer a posibles negligencias por falta de recursos”, advertía.

En esa segunda ocasión, el trabajador informó no solo el responsable de Tasisa, sino también a la empresa matriz, HTGroup, y a la empresa pública responsable del servicio, GSC, que al día siguiente inspeccionó el recurso y detectó más de un centenar de carencias. A pesar de ello, la ambulancia no volvió a ser revisada por la administración.

De hecho, la UDEF señala en sus informes que los controles de la empresa pública sobre las ambulancias de Tasisa han sido “extremadamente relajados y apáticos” y que las irregularidades, “lejos de haber sido subsanadas, se han ido repitiendo, perdurando en los diferentes recursos”. La Policía Nacional también ha concluido que las sanciones impuestas por esos incumplimientos “han estado por debajo de los importes establecidos según el convenio”.

Además de los tres trabajadores de Tasisa que han sido apartados de forma temporal, en esta causa también tienen la condición de investigados dos gestores de la farmacia donde se adquirían los medicamentos, la propia empresa y Global Technical Supplies, que proveía de productos sanitarios a la adjudicataria del servicio de transporte sanitario pese a que no era ese su objeto social. De momento, la empresa matriz, HTGroup, no está siendo investigada.