El currículo judicial de Onalia Bueno, la lideresa que CC ha elegido para recuperar poder en Gran Canaria

Casi dos décadas después de su salida del Partido Popular (PP), Onalia Bueno se ha erigido en lideresa de un proyecto de “unificación del nacionalismo” en la isla de Gran Canaria. Integrada desde hace más de un año en la estructura orgánica de Coalición Canaria (CC), donde ocupa la Secretaría de Políticas Municipales, la alcaldesa de Mogán prepara ya su salto a la política insular y/o regional con la vista en las elecciones de 2027. En los últimos meses ha multiplicado su proyección pública más allá de los limitados márgenes del municipio turístico sureño en el que gobierna desde hace ya casi diez años. Bueno, que ya ha registrado la marca Juntos por Gran Canaria, quiere pescar en el río revuelto de Nueva Canarias (NC) y atraer a los alcaldes del sector crítico, encabezados por el de Gáldar, Teodoro Sosa (Bloque Nacionalista Rural). 

Hasta hace bien poco, Bueno llevaba consigo una mochila judicial repleta de imputaciones. Las más graves, por compra de votos. En los últimos años, la alcaldesa de Mogán se ha desprendido de esa carga gracias al archivo de procesos judiciales que han sufrido numerosos avatares, desde instrucciones eternas que acabaron diluidas entre más de una decena de jueces hasta las más recientes investigaciones policiales que también han quedado en nada bien porque los hechos estaban prescritos, bien porque se imputó por error a una testigo clave o por errores judiciales. 

La primera detención de Onalia Bueno en enero de 2007 cogió al PP de José Manuel Soria con el pie cambiado. Fue una auténtica losa para el otrora todopoderoso líder de los populares canarios ver entre rejas, a escasos cuatro meses de las elecciones locales, a su alcalde de Mogán, Francisco González, y a la número dos, Onalia Bueno. Más aún cuando 2006 había sido un vía crucis para el PP por el caso Faycán, que dio con casi todo el grupo de Telde en prisión, desde el alcalde Francisco Valido hasta la señalada cabecilla de la trama, la concejala Toñi Torres, ya fallecida. 

Si Telde fue un calvario policial y judicial por el caso Faycán, en Mogán el caso Góndola no se iba a quedar atrás. Pero había un escollo, el tiempo y los carteles electorales jugaban en contra del PP. Soria, que se jugaba la reelección en mayo de 2007 en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y aspiraba a gobernar Canarias con Coalición Canaria (CC), había decidido desde 2006 que no repitieran en la lista electoral de Telde todos los detenidos por Faycán. Hubo hasta tres tandas de detenciones y cuando ya en noviembre cayó Francisco Valido fue el punto de no retorno para Soria: había que renovar la plancha.

El descalabro en Telde, que a diferencia de Mogán acabaría con buena parte de los detenidos en el banquillo de los acusados, se pudo gestionar a tiempo. Quedaba más de un año cuando en febrero de 2006 estalló el caso con la detención de Toñi Torres, y medio año por delante cuando le tocó el turno al alcalde y al resto del gobierno del PP, mientras su socio de correrías, Ciuca, miraba todo el espectáculo desde la grada. Así que Soria decidió hacer tabla rasa y colocar como candidato a alcalde a Francisco Santana, único concejal no detenido, con una lista renovada, y el reproche interno de los entonces imputados (“Estás bonito tú”, le llega a espetar Toñi Torres en plena rambla de Mesa y López a Soria cuando se cruzaron un día, ya ella en libertad). La jugada no le salió bien: Nueva Canarias (NC) volvió a ganar las elecciones y a gobernar con el PSOE.

En Mogán fue diferente, y ese fue el punto de inflexión de la trayectoria política de Onalia Bueno, que apuntaba alto dentro del PP. Tras las detenciones de enero y febrero de 2007, también del empresario Santiago Santana Cazorla, el caso Góndola empezó a desgranarse con un denominador común: los investigadores consideraban a Onalia Bueno la cabecilla, el cerebro de la presunta trama de corrupción que abarcaba desde convenios urbanísticos irregulares hasta la financiación de un mitin de Mariano Rajoy por parte de la cooperativa de viviendas Grupo Europa, una pieza derivada que sí acabaría con condenas en Telde.

El hecho de que Onalia Bueno fuera señalada como el cerebro de esa trama llevó a José Manuel Soria a cortar por la sano, pero a medias: perdonó la vida política al alcalde detenido, al que permitió presentarse a la reelección (y ganarla) en mayo, pero fulminó a su mano derecha, apartándola de las listas y de toda actividad política… al menos por un tiempo. Bueno desapareció del mapa, literalmente. Puso tierra de por medio durante los siguientes años (pesándole hasta ocho imputaciones por Góndola) y cruzó el charco a América. Allí trabajó de asesora y consultora política (cursó esa carrera en la Universidad de Granada) en países como Honduras, Estados Unidos o Canadá. Hasta que poco antes de las siguientes elecciones, de 2011, regresó a Mogán a plantarle batalla a su otrora compañero de partido y de gobierno, Paco González, con una nueva formación política, Ciuca.

Curiosamente, la actual alcaldesa de Mogán eligió las siglas de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que ya existían en Telde, e hizo una especie de federación o compartió siglas con el partido de Guillermo Reyes, que había protagonizado el cuatrienio negro 2003-2007 en el alianza con el PP en Telde, con sonoros casos de corrupción, aparte de Faycán. Así, en 2011 volvió al Ayuntamiento de Mogán, que seguiría gobernando el PP hasta 2015.

Tras cuatro años como concejala en la oposición, Onalia Bueno asumió en mayo de 2015 el poder municipal que ha mantenido en tres mandatos consecutivos en Mogán (el primero en alianza con el PSOE y los dos últimos, con mayoría absoluta) y que ahora aspira a extender al conjunto de la isla junto a Coalición Canaria (CC). La dirección de este partido declarado nacionalista ha confiado en la actual alcaldesa de Mogán su estrategia municipalista. Desde hace más de un año, Bueno ostenta un cargo orgánico en la Ejecutiva de CC, la secretaría de Políticas Municipales. Y su empeño, ya manifestado en recientes entrevistas, es promover “la unificación del nacionalismo” reclutando para este menester a los críticos de Nueva Canarias (NC), con el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, a la cabeza, y a líderes locales “independientes” que arrastren votantes de sus municipios. 

Aparte del llamamiento público a Sosa para que sea el candidato de este proyecto al Cabildo de Gran Canaria (con ella o “alguien de Mogán” como número dos), Bueno ha empezado a mover ficha. Ya ha registrado Juntos por Gran Canaria y Juntos por Telde en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se trata de la misma fórmula que empleó en las últimas municipales, cuando dejó atrás las siglas de Ciuca para concurrir con una marca propia, Juntos por Mogán, en alianza con CC.  

También se ha registrado recientemente (en noviembre) Juntos por Santa Lucía. En este caso, no ha sido Onalia Bueno quien lo ha hecho, sino dos personas que han estado vinculadas con Fortaleza, la formación local aliada de CC en este municipio. Una de ellas es María Rosa Suárez Vega, concejala en la oposición en el anterior mandato y, hasta octubre, directora general de Ordenación, Innovación y Calidad Universitaria del Gobierno de Canarias. El otro es José Manuel Moreno, fundador de Fortaleza, formación con la que ha sido edil en los últimos años y que abandonó el pasado mes de septiembre para pasar a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Según fuentes consultadas por este periódico, ambos son afines al proyecto que pretende liderar Bueno. 

Junto a esos movimientos tácticos de preparación para las elecciones de 2027 y los llamamientos a la “unidad del nacionalismo canario”, Onalia Bueno ha querido proyectar en los últimos meses una imagen de alcaldesa pionera. A principios de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó “la primera tasa de acción turística de España”, una medida que genera importantes dudas por su encaje legal. También presume de haber convertido a Mogán la primera corporación de Canarias en acogerse a la figura del derecho de superficie, de ceder suelo municipal a promotores privados para la construcción de viviendas protegidas. Para presentar ambas iniciativas, la alcaldesa de Mogán ha celebrado sendas ruedas de prensa en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria.  

Y aunque Onalia Bueno haya negado tener una mala relación con el líder insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, estas maniobras para levantar el proyecto de ámbito municipal tiene en el  actual consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias a su principal damnificado. Gran Canaria sigue siendo la plaza donde CC atesora menos poder municipal tras años de debilitamiento con Rodríguez al frente de la formación en la isla y la alcaldesa de Mogán aspira a ocupar ese espacio y dar un golpe de timón aprovechando el cisma en Nueva Canarias. 

Bueno asume ese reto tras despojarse del lastre de (casi todas) sus imputaciones judiciales. Hasta la fecha, la alcaldesa de Mogán ha salido airosa de los procedimientos abiertos en su contra, desde el mencionado caso Góndola a las últimas derivadas de la causa que investigó originalmente una presunta trama de compra de votos en las municipales de 2015, las elecciones que le auparon a un poder que no ha abandonado. Esos archivos judiciales han estado plagados de vicisitudes que siempre han favorecido a la alcaldesa de Mogán, desde investigaciones que se alargaron durante casi dos décadas con innumerables cambios de jueces, hasta la prescripción de los hechos o errores como imputar a la testigo clave de una causa o prorrogar la instrucción fuera de plazo. 

Caso Góndola 

Desde su detención en 2007 hasta el archivo de la última de las ocho piezas por las que Bueno fue imputada en el caso Góndola transcurrió una década. En 2017 se cerraba la vertiente moganera del caso Grupo Europa, que investigaba el presunto amaño, finalmente no materializado, de un concurso público para su adjudicación a la promotora de ese nombre, que entre 2005 y 2006 había pagado en la localidad sureña un mitin de Mariano Rajoy (en aquella época Onalia Bueno pertenecía aún al PP) y los conciertos de Bebe en los carnavales y de Miguel Ríos en las fiestas locales.  

La jueza de esta pieza llegó a dictar el auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado. Es decir, el paso inmediatamente anterior a la apertura del juicio oral. La magistrada veía indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, a quien atribuía un papel relevante en el presunto amaño del concurso. En concreto, como la persona que recibió el pliego de condiciones del administrador de Grupo Europa, José Manuel Antón, que fue condenado por hechos similares en el municipio de Telde.   

El caso de Mogán quedó en nada porque la Fiscalía nunca llegó a formular escrito de acusación y, además, pidió que se excluyera de la causa al Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, un colectivo que había pedido personarse como acción popular ante el empantanamiento del procedimiento judicial. Dos años después de que la jueza situara a la alcaldesa de Mogán en la antesala del juicio, el fiscal pidió su archivo aduciendo que el mitin y los conciertos abonados por Grupo Europa eran “actos preparatorios impunes” y que no había quedado probado que el propósito de esos pagos fuera la adjudicación de un concurso que acabaría siendo anulado.

Otra de las piezas de Góndola investigó un presunto delito electoral por manipulación del padrón y del censo municipal de Mogán. A raíz de los pinchazos telefónicos, las sospechas de la Brigada de Información de la Policía Nacional se centraron en Onalia Bueno, a quien en alguna de estas conversaciones se le escucha explicar a una funcionaria las estrategias para asegurar votos para el PP y, en particular, su querencia por los sufragios por correo, un asunto que volvería a cobrar relevancia a partir de las elecciones de 2015. “Yo te voy a dar un censo, ¿oíste? Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta a toda la gente, ¿vale?”, dice en una de estas grabaciones. 

El fiscal apreció en esas intervenciones telefónicas indicios para considerar que el PP había utilizado a empresas, incluso municipales, para pagar votos a vecinos del municipio. Sin embargo, al no haber podido corroborarlo con otros datos, acabó solicitando el archivo de la causa. 

Compra de votos 

Tres años después del archivo de la última pieza del caso Góndola, la referida al Grupo Europa, la alcaldesa de Mogán volvía a ser detenida. De nuevo, por delito electoral. En septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la Guardia Civil irrumpía en las dependencias municipales para obtener documentación sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019. Las sospechas venían de lejos. El exalcalde Francisco Gonzalez, ya convertido en enemigo íntimo de Onalia Bueno, fue el primero que puso a los investigadores tras la pista de los votos por correo. A esas pesquisas iniciales se le dio carpetazo de inmediato, pero un año después, un colaborador de Ciuca en los comicios de 2015, Ramón Trujillo El Perraya, contó cómo captaba votos para la actual alcaldesa de entre los vecinos más vulnerables del municipio a cambio de dinero (se hablaba entonces de 50 euros por voto) o, incluso, de promesas de empleo y vivienda. 

La investigación de la Guardia Civil se fue armando con otros testimonios y grabaciones. Entre ellas, la de José Monzón, más conocido como Pepe el Japonés, otro colaborador de Onalia Bueno a quien en uno de los audios se le escuchaba decir que había recabado 383 votos por correo para Ciuca. 

Las sospechas se extendieron a las elecciones de 2019. Otro audio reveló cómo Onalia Bueno explicaba a una vecina del municipio cómo maniobrar con el voto por correo. “Lo importante es que cuando el sobre, que es enorme, llegue a la casa, te llamen y no lo abran, para decirte cómo es el rollo (...) Tú tienes los DNI y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada”, dice la ya entonces alcaldesa a un recaudador de votos para Ciuca, su partido en aquel momento. 

Cuando autorizó la entrada y registro a las dependencias municipales en septiembre de 2020, el juez instructor apreciaba en la investigación de la Guardia Civil hechos “objetivos, accesibles y verificables” sobre la presunta compra de votos. Año y medio después, el fiscal pedía su archivo porque entendía, al igual que el abogado de la alcaldesa, el prestigioso penalista José Antonio Choclán, que los hechos de 2015 habían prescrito y que no había pruebas sobre los de 2019. 

A pesar de los indicios recabados, el caso nunca llegó a juicio por una cuestión formal, lo que sirvió a la alcaldesa de Mogán para convocar una rueda de prensa en la que erigirse en víctima de una “persecución personal” por parte de los concejales de Nueva Canarias en el municipio. 

Piezas separadas 

El carpetazo a la trama original sobre la compra de votos no puso fin a los desvelos judiciales de la alcaldesa de Mogán. A raíz del registro de septiembre de 2020 y de otros tantos informes del equipo de la policía judicial de la Guardia Civil, el juez había abierto otras cuatro piezas separadas contra Bueno que se repartieron en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Esas causas también se han ido archivando de manera paulatina hasta poner el contador de la regidora casi a cero. 

En una de ellas se acusaba a Bueno de ordenar a una funcionaria deshabilitar el acceso remoto que la Guardia Civil había obtenido en el registro de septiembre de 2020 para analizar los expedientes municipales objeto de la investigación. Un acceso que los abogados de la alcaldesa de Mogán y de su número dos, Mencey Navarro, consintieron por razones técnicas (la imposibilidad de intervenir los equipos), según quedó recogido en el acta del registro. Sin embargo, el juez asumió la tesis de las defensas: los investigados “no tenían conocimiento” de la instalación de ese acceso y la desconexión tan sólo duró entre quince y veinte minutos, el tiempo que tardaron en restituirlo después de recibir la advertencia de que podían estar incurriendo en un delito de obstrucción. 

El segundo archivo, por orden cronológico, corresponde a la pieza que investigaba el presunto amaño de un concurso de mediación judicial para favorecer los intereses económicos de un empresario con intereses en el municipio (por explotar parte del servicio de abastecimiento de agua) y señalado por la policía judicial como uno de los financiadores de la campaña electoral de Ciuca en 2015. Los investigadores disponían de varios cheques a nombre de este empresario que habían sido cobrados en los días previos a esos comicios por parte de un estrecho colaborador de Onalia Bueno en campaña, un funcionario municipal que después sería premiado con un cargo de confianza y un incremento salarial. Sin embargo, un error judicial nunca enmendado lastró esa instrucción. La testigo clave, la trabajadora que había alertado de esas irregularidades y que había sido apartada por ello de las negociaciones, figuraba desde el inicio del procedimiento como imputada por razones que se desconocen y que nunca fueron explicadas, pese a los reiterados escritos que su abogado presentó advirtiendo de ese error. Sin ese testimonio esencial, la causa decayó. 

Otra pieza separada versaba sobre los sobresueldos que el gobierno de Onalia Bueno había concedido nada más asumir el poder y con carácter retroactivo a un grupo de funcionarios entre los que se encontraban un primo de la alcaldesa y personas que habían colaborado en la campaña electoral de Ciuca o eran simpatizantes de ese partido. En algunos casos, como el del familiar de Bueno, por partida doble y pese a que la justicia había anulado los primeros por contravenir la ley. El juez también dio carpetazo a esta derivada de la trama de compra de votos al no apreciar indicios suficientes de delito y reducir la actuación del gobierno municipal a “una ilegalidad administrativa”. 

El pasado noviembre se archivaba la última de las piezas separadas, la que investigó los contratos menores concedidos a dos asesores de la alcaldesa de Mogán. Uno de ellos, Raico Guerra, actual concejal en la corporación sureña, había sido contratista único de servicios sanitarios y de salud pública en el municipio. El otro, Jesús Romero Espeja, había ocupado varios cargos en el Gobierno de Canarias, siempre con Coalición Canaria en el poder. Del cierre de esta investigación informó el propio Ayuntamiento de Mogán a través de un comunicado que sostenía que la jueza había avalado la legalidad de esas adjudicaciones, puesto que los motivos para contratar a ambos asesores “fueron criterios de mercado y cualificación técnica”. No era cierto. Lo que la magistrada dijo es que no habían quedado acreditados los hechos porque nunca pudo analizar los expedientes. Y no lo hizo porque cuando le llegó esta documentación, la instrucción ya se había dado por finalizada por otro error formal. En concreto, por una prórroga dictada fuera de plazo. 

Más allá de los recursos que todavía deben ser resueltos en algunas de estas piezas separadas, en las que el archivo aún no es definitivo, la alcaldesa de Mogán aún carga en su mochila judicial con otra investigación, la de los contratos menores adjudicados a dos productoras emparentadas.