Clavijo entiende que el Estado tendrá compensar a Canarias por la atención de los 1.000 menores solicitantes de asilo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que el Gobierno de España deberá compensar económicamente al archipiélago por el tiempo en el que la comunidad autónoma ha estado sufragando con fondos propios el gasto derivado de la atención de los alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

Así lo ha dicho este lunes al ser cuestionado por la reunión que tendrá lugar este martes de cara a que el Estado, en cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo, acoja a este millar de jóvenes. “Nosotros seguimos en las mismas -afirmó-. Nos preocupa que tengan que ser dos autos del Supremo los que hagan que el Estado cumpla con sus obligaciones”.

De esta manera, Clavijo recordó que Canarias ha mantenido siempre dos premisas: la primera es que los menores solicitantes de asilo son responsabilidad del Estado y que los tiene que dar de alta en el Sistema de Protección Internacional.

Mientras, la segunda cuestión en la que ha insistido la comunidad es que hay que resolver el hacinamiento en el que están estos jóvenes, no sólo el millar solicitante de asilo, sino los 5.641 menores no acompañados a los que sigue tutelando Canarias.

El presidente insistió en que Canarias va a “seguir colaborando” para proteger el interés superior del menor que, en el caso de los que piden protección, pasa por darles de alta en el Sistema de Protección Internacional. “Y tiene que ser responsabilidad del Estado”, matizó.

“Vamos a colaborar -reiteró-, como hemos hecho hasta ahora, para proteger el interés superior del menor e ir junto al Gobierno adecuando esa alta y la solución del hacinamiento”.

Además, mientras se cumple el itinerario establecido en el Sistema de Protección Internacional, la comunidad colaborará con el Estado “para que el menor esté atendido y se estén respetado sus derechos”.

Finalmente, Clavijo expuso que en el encuentro de este martes se establecerá cuál será la figura administrativa oportuna del acuerdo.