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Burocracia telemática: un derecho convertido en deber

Una persona mayor usando un ordenador, en imagen de archivo.
13 de mayo de 2025 21:04 h

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Hace poco tuve que sacar por Internet un par de billetes de tren a unos familiares septuagenarios por la razón de que, en su pueblo, la estación no cuenta con taquilla atendida por ningún personal, sino únicamente con máquinas expendedoras. Cualquiera que haya usado la web de Renfe sabe que, ni mucho menos, comprar dos billetes con descuento de tarjeta dorada resulta precisamente sencillo. Desde luego no lo es para quien no esté familiarizado con los trámites telemáticos, como ocurre de forma habitual en mayores, que además, como en el caso de mis familiares, sufren algún grado de dependencia.

Las gestiones con la administración pública han alcanzado tal extremo que, en la práctica, muchas de ellas solo se pueden realizar online. Se llega a situaciones ridículas, como que se permita el trámite presencial si uno saca cita previa… pero esa cita solo se puede solicitar de manera telemática. Es una de las trabas que describe uno de los numerosos testimonios recogidos en este reportaje. Puede parecer un asunto menor, pero no lo es, y no lo es por más de un motivo.

En primer lugar, porque rompe con el principio de igualdad que debería guiar a las administraciones públicas. Se da por supuesto que, por un lado, cualquiera sabe navegar con soltura por las aguas de la red y, por otro, que además todo el mundo cuenta con los recursos materiales para hacerlo: ordenador, conexión a internet, smartphones, etc. Mi vecina, de ochenta años, ya les digo yo que no cumple ninguno de esos requisitos y si intenta solventar algo por teléfono, se encuentra con un laberinto de locuciones y opciones a marcar entre las que no hay manera de orientarse.

En segundo lugar, se cae en una contradicción flagrante. Nos hemos habituado a los continuos mensajes y noticias que nos alarman sobre la ciberseguridad, sobre lo expuestos que pueden quedar datos personales, sobre estafas online, phising, etc. No hay mayor seguridad, por tanto, que la desconexión, en la medida de lo posible. De hecho, si algunos mayores tienen dificultades en el manejo de la tecnología, ahora vivimos un movimiento, en buena medida engrosado por gente joven, que rechaza la hiperconectividad. Vuelven los teléfonos “tontos”, los sms, las llamadas convencionales e incluso el abandono de las redes virtuales. Es un opción que, lejos de alejarnos del mundo en una suerte de retiro ermitaño, más bien parece conectarnos con la realidad de modo más verdadero. No se entiende por qué debe castigarse esa opción con barreras al acceso de trámites públicos.

La pandemia demostró que, cuando hay voluntad, los trámites se simplifican de forma impresionante, y de pronto el lenguaje administrativo, incluso, pierde esa espesura en la que, seguro, muchas y muchos de ustedes se han adentrado en estos meses de declaraciones de la renta

En tercer lugar, se exige en demasiadas ocasiones que se disponga de alguna herramienta con software propietario, desde ciertos navegadores a apps de mensajería, como Whatsapp. Las continuas promesas de desarrollo de software libre en los organismo públicos siempre se quedan a medias. De esta manera se favorece a empresas que no destacan, precisamente, por su comportamiento ético.

En cuarto lugar, que de facto la destreza en el manejo telemático resulte preceptiva invierte un principio básico: el acceso a la tecnología es un derecho, no una obligación.

La pandemia demostró que, cuando hay voluntad, los trámites se simplifican de forma impresionante, y de pronto el lenguaje administrativo, incluso, pierde esa espesura en la que, seguro, muchas y muchos de ustedes se han adentrado en estos meses de declaraciones de la renta. Claro que si la norma fuera simplificarnos la vida, unos cuantos puestos de trabajo perderían su razón de ser, como tan acertadamente analiza David Graeber en su siempre recomendable Trabajos de mierda.

¿Qué hubieran hecho esos familiares míos, esa vecina, todos en perfecta posesión de sus facultades cognitivas, si no contaran con alguien a su disposición? La respuesta nos la deben dar desde la administración pública.

No creo que para ello nos haga falta ningún certificado digital.

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