El Gobierno enmarca la causa del fiscal general en la ofensiva “de algunos jueces” contra Sánchez y el PP exige dimisiones

El Gobierno considera el auto de procesamiento del fiscal general del Estado un salto sin precedentes en la ofensiva que, en su opinión, ejerce una parte de la judicatura hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ese auto, el magistrado del Supremo e instructor de la causa, Ángel Hurtado, afirma que la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se produjo por órdenes de Presidencia. Algo que no había apuntado nunca antes. En las 51 páginas de su escrito Hurtado no explica cómo llega a esa conclusión, ni imputa a nadie por ello, ni continúa adelante con la investigación para intentar dilucidar quién habría dado instrucciones al fiscal general para que cometiese un delito. Con esa ausencia de indicios, la acusación se interpreta en la Moncloa como un pulso político recibido directamente desde el Tribunal Supremo. Algo a lo que le otorgan la máxima gravedad.

“Quiero negar rotundamente que Presidencia del Gobierno diese instrucciones para filtrar documentación. Y lamentamos mucho que el Supremo haga estas afirmaciones sin ninguna prueba”, valoró la ministra portavoz, Pilar Alegría. Preguntada por si el Gobierno piensa que Hurtado prevarica, es decir, que toma decisiones injustas a sabiendas, la ministra prefirió dar un rodeo. “Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Y creo que mi respuesta es lo suficientemente prudente, pero también explícita como para que se entienda lo que quiero decir. No hay ninguna prueba de que el fiscal general cometiera ninguna irregularidad y sí hay pruebas de lo contrario, pero son testimonios que no se han tenido en cuenta”, zanjó.

En realidad, la opinión más sincera que expresa el Gobierno en privado es justo la que no tiene reparos en expandir a bombo y platillo el ministro Óscar Puente, que, en cuanto supo del procesamiento de Álvaro García Ortiz, acusó en sus redes al Supremo de actuar con motivaciones no solo políticas, sino partidistas. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal”, dijo este lunes desde su permiso de paternidad.

Según todos los ministros consultados, el convencimiento que se ha instalado en el conjunto del Gobierno, incluido su presidente, es que afrontan desde el principio de la legislatura un desafío desde una parte de la judicatura a raíz del pacto de investidura con Carles Puigdemont y el impulso a la ley de amnistía. Es en ese contexto donde enmarcan instrucciones “un tanto anómalas, por no decir estrambóticas”, entre las que citan las del fiscal general, el hermano del propio Pedro Sánchez o a su pareja, Begoña Gómez.

En mitad de la tormenta perfecta que han conformado episodios como la investigación del caso Koldo, los audios de la militante Leire Díez, los mensajes privados del presidente o el procesamiento de García Ortiz, la postura del Gobierno es cerrar filas con el Fiscal General sin dejar resquicio a la interpretación. Y, según el propio Ejecutivo, eso no cambiará si el tribunal decide abrir juicio oral. “Este Gobierno mantiene su total confianza en el fiscal y en la fiscalía en su conjunto por la magnífica labor que hacen en la persecución del delito”, remarcó Alegría.

El PP llama a Sánchez “forajido”

En el PP la noticia ha servido para elevar más si cabe, el tono contra el Gobierno tras el procesamiento de García Ortiz. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, calificó este martes de “forajido” a Pedro Sánchez. Según el diccionario de la RAE, “forajido” es un “delincuente que anda fuera de poblado, huyendo de la justicia”. Tellado hizo esta afirmación durante una rueda de prensa en el Congreso en la que aseveró que no tienen “una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado”.

El dirigente, mano derecha de Feijóo, acusó a Sánchez de “huir” y vaticinó que el presidente “no volverá por el Congreso” hasta septiembre una vez pase la sesión de control de este miércoles. Unos minutos después, el Gobierno anunció una comparecencia parlamentaria del presidente en julio.

Tellado marcó el camino del PP. “Han pasado ya 24 horas y ni el Fiscal general ha dimitido ni el gobierno lo cesa”, dijo. Y el resto de portavoces del día recitaron el mantra indicado una y otra vez. La sesión de control al Gobierno en el Senado se convirtió en una retahíla de peticiones de dimisión al fiscal general, precedido de una mención de la hora exacta a la que se decía. Uno tras otro, en cada intervención, todos los senadores teatralizaron el acto de mirarse el reloj y pedir la dimisión de Álvaro García Ortiz. Una estrategia que ya pusieron en marcha en febrero de 2009 cuando tras las primeras detenciones del caso Gürtel, el partido de Mariano Rajoy exigía la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, por haber coincidido en una cacería con el primer magistrado del caso, Baltasar Garzón. Bermejo acabó dimitiendo y aquello le sirvió a la dirección de Rajoy que Gürtel era una “trama contra el PP”.

Feijóo no apareció el martes por el Congreso, sino que hizo campaña interna de cara al congreso sin rivales de julio. La parada, Alicante. Y su compañero de discurso, el presidente valenciano, Carlos Mazón. El líder del PP optó por centrarse en el registro policial de la casa de José Luis Ábalos. “Lo fue todo gracias a Sánchez”, dijo del exministro y ex número tres del PSOE. “Son lo mismo”, añadió, para concluir que “lo que le ocurre” a Ábalos “le incumbe a los dos”.

En un nuevo ejercicio del principio de transposición por parte del PP, Feijóo aseguró que García Ortiz “se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente siguiendo las órdenes de la Presidencia”. La definición exacta de las operaciones parapoliciales puestas en marcha desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra independentistas, Podemos y Luis Bárcenas.

Mientras, los principales socios del PSOE se desmarcan de la campaña de desprestigio de la derecha hacia el fiscal general. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder Sumar, Yolanda Díaz, mostró su “confianza absoluta, completa y radical con la actuación del fiscal general del Estado”. Y arremetió también contra el Tribunal Supremo. “En mi vida he visto un auto semejante”, dijo sobre el texto del juez Ángel Hurtado. “Muestro mi perplejidad”, insistió antes de exigir “respetar el resultado de las urnas el 23 de julio” de 2023“, en otra referencia implícita a la intencionalidad política de algunos jueces.

“Le digo a los poderes fácticos y al PP, que está en la oposición, que tiene una herramienta en democracia a su disposición, la moción de censura. Si cree que goza de la mayoría para conseguirla, que la presente y que la debata en el Congreso de los Diputados. Pero basta ya de torpedear todas las instituciones en nuestro país”, zanjó Díaz.

En Podemos, por su parte, definen el procesamiento del fiscal general como un “ataque frontal a la democracia”, aunque reprochan al PSOE que solo lamente actuaciones de este tipo cuando le afectan en primera persona y no antes. “Creo que se ha dicho mucho en estos días que el hecho de que un fiscal se vaya a sentar en el banquillo es un hecho sin precedentes. Cuando se metía en la cárcel a los líderes catalanes por hacer política, cuando se condenaba sin pruebas por hacer política o se retiraba el escaño a Alberto Rodríguez, el PSOE miraba para otro lado porque pensaban que a ellos no les iba a tocar”, valoró la secretaria general Ione Belarra.

De puertas hacia adentro, en el Gobierno creen que la instrucción en torno a García Ortiz es un pulso que no se puede “dar por perdido”. Y fundamentan su apoyo sin fisuras en el convencimiento de que será “imposible” condenarlo con los elementos que existen en la causa. Y el día de su absolución, entienden, será también un éxito político del Gobierno.