Condenan a dos años de cárcel al exasesor que quiso hacer de Salamanca un 'nuevo Dubái' por falsificar su título universitario

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a José Luis Fuentes, el exasesor externo del Ayuntamiento de Salamanca que promovió el congreso de Peace City World, por falsificar documentos oficiales con el objetivo de acceder a un puesto público. La sentencia lo absuelve, sin embargo, de un segundo delito de estafa del que también estaba acusado.

Además de asesor de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca (S.A.U.), José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal actuó como enlace de la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca para realizar el evento.

Según se detalla en la sentencia, Fuentes falsificó un recibo de pago de tasas universitarias y un certificado académico, simulando que había obtenido la licenciatura en Economía por la Universidad de Salamanca. Estos documentos fueron presentados como parte de su currículum para acceder a un proceso de licitación convocado por el Ayuntamiento de Salamanca en 2020. Posteriormente, y tras la compulsa de los documentos por parte de la Sociedad Municipal, fue contratado como asesor externo en proyectos estratégicos y de internacionalización. El ahora condenado durante el juicio negó conocer “cómo ha llegado” el título universitario falso al expediente.

La denuncia partió tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la propia Sociedad de Turismo, y fue motivada por informaciones aparecidas en la prensa que señalaban que el asesor no estaba titulado. La Universidad de Salamanca también colaboró con la investigación y comunicó los hechos a la Fiscalía.

Dos años de prisión y multa

Por el delito continuado de falsedad documental, previsto y penado en el art. 392-1, en relación con el art 390-1.1,2 y 3 CP, la Audiencia impone a Fuentes dos años de prisión, además de una multa de ocho meses con cuota diaria de 12 euros e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También deberá pagar la mitad de las costas procesales y el pago de oficio del resto de costas procesales.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal no impone directamente la devolución de los 135.090 euros cobrados en salarios, dejando la puerta abierta a que el Ayuntamiento y la sociedad municipal acudan a la vía contencioso-administrativa o civil para dirimir si procede una devolución parcial o total del dinero abonado.

Fuentes realizó los documentos falsos

El tribunal considera acreditado que Fuente realizó “ex novo” los documentos falsos, que incluían firmas falsas de autoridades académicas. En ellos se hacía constar que había finalizado asignaturas que en realidad no había superado, y que había solicitado la expedición de su título universitario en 1997.

Durante su tiempo como asesor, entre julio de 2020 y diciembre de 2022, Fuentes percibió un salario de 47.400 euros anuales, sumando un total de 135.090 euros. Tanto el Ayuntamiento como la sociedad municipal reclamaban esta cantidad como indemnización, al considerar que se basaba en una contratación fraudulenta.

No queda demostrado si habría sido contratado sin titulación

No obstante, la Sala descarta que se haya cometido un delito de estafa. A juicio del tribunal, no se ha demostrado que sin la documentación falsa no se le hubiera contratado, ni que el contrato fuese una simulación destinada a obtener un salario sin trabajar. “No consta que el engaño fue bastante, ni, sobre todo, no consta que se haya producido un desplazamiento patrimonial a cambio de nada, sino a cambio de unos servicios cuya realidad sí que consta probada en autos”, según defiende la sentencia.

Para el tribunal el condenado sí que realizó labores de asesor durante los casi tres años en los que estuvo vinculado con la entidad municipal. Además, apunta que el procedimiento de contratación no exigía de forma concluyente la titulación universitaria como requisito excluyente, por lo que no puede afirmarse que el engaño fuera determinante y “bastante”, en términos penales, para configurar un delito de estafa.

Delito de falsedad documental

La justificación dada para condenar por falsedad documental y no por falsedad de certificados, como pedía la defensa, es que los documentos realizados por el asesor tenían una trascendencia es “evidente” ya que sirvieron como documentos oficiales. Además, el fallo apunta que es un delito continuado, al haber falsificado dos documentos distintos con el mismo propósito y en un intervalo de tiempo reducido. Asimismo, la sentencia establece que no es necesario que el acusado realizara personalmente las falsificaciones, sino que basta con que tuviera dominio funcional sobre ellas y se beneficiara directamente.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación que se podrá interponer en un plazo máximo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fallo también recoge que para determinar si no se ha cumplido correctamente el contrato o si los salarios fueron o no indebidamente cobrados por Fuentes, las partes tendrán que ir a un proceso civil, social o contencioso-administrativo según la naturaleza del contrato. Esto abriría un nuevo juicio para reclamar la devolución de los casi 135.000 euros.

Una 'nueva Dubai' en Salamanca con 15.000 millones de inversión que nunca se materializó

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.