El Gobierno de Cantabria contabiliza 21 lobos muertos en tres meses: 16 abatidos y cinco atropellados o por enfermedad

El Gobierno de Cantabria ha sacrificado 16 lobos en los últimos tres meses, desde que salió del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), y a los que se suman cinco más que han muerto por otras causas y que elevan a 21 el total, es decir, la mitad de los 41 que se pueden eliminar en base al plan de gestión vigente.

Los 16 ejemplares matados -nueve hembras y siete machos- han sido abatidos en las zonas de Campoo (6), Nansa (4), Besaya (3), Saja (2) y Asón (1). A este control poblacional hay que añadir una hembra y cuatro machos que han fallecido atropellados (4) y por enfermedad (1), y que computan también a efectos del plan, tal y como ha informado el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP).

Además, la Consejería de Desarrollo Rural tiene 'vivas' cinco resoluciones que caducan el próximo 30 de junio y que se pueden materializar hasta esa fecha, sin perjuicio de que publique más hasta completar el cupo de 41 (el 20% de la población actual) en función de los ataques al ganado.

“Si fuese necesario, en base a los daños existentes, publicaríamos aún más resoluciones”, ha avisado la titular del departamento, María Jesús Susinos, este viernes en declaraciones a los periodistas antes de presidir la Mesa del Lobo, en la que se ha presentado el nuevo plan de gestión, que se prevé aprobar a finales de año.

Novedades del plan de gestión

Entre las principales novedades del documento, que ha salido adelante por “consenso” y que permanece “abierto” -se pueden hacer aportaciones y alegaciones en el plazo de un mes-, destaca el cambio de zonificación para pasar de tres a dos.

En la primera, que mantiene que puede haber presencia de lobos y su convivencia con la ganadería extensiva, estará formada por 38 municipios, dos más que ahora, al incorporarse los de Arredondo y Ruesga. Así, ambos podrán cobrar el pago por servicios ambientales.

Y la segunda estará conformada por el resto de ayuntamientos de la comunidad, 64, en los que no debe haber presencia habitual del cánido, aunque sí ejemplares esporádicos y en solitario, pero no manadas. “Y no lo que está sucediendo ahora, que está el lobo matando en la costa, en pleno día y en zonas fuertemente urbanizadas”, ha apostillado la también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acompañada del director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, la consejera también ha indicado que el texto -que a priori mantiene el cupo a extraer del 20% de la población de lobos en la comunidad- prevé un protocolo para que los ganaderos puedan presentar los daños sufridos de forma “más ágil y sencilla”, así como un nuevo baremo, pues el actual está “muy desactualizado” y cada animal perdido se está pagando a “un precio muy por debajo del mercado”.

Además, el próximo plan de gestión incorpora una nueva línea de ayudas específicas para medidas de prevención de daños del depredador, como mastines, vallas o cierres, ha indicado Susinos, que también ha subrayado la propuesta de “oficializar” la Mesa del Lobo, órgano que en la actualidad es de consulta.

“Sin voluntad de diálogo”

A la reunión de este lunes no han acudido Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), al considerar que “no se dan las mínimas condiciones de confianza y voluntad de diálogo” por parte del Ejecutivo, al que acusan de que solo le interesa “matar lobos” y en base a datos que no son “reales”, por lo que -advierten- “no tienen otro camino” que recurrir a los tribunales “para que se respete la legalidad”.

En este sentido, las dos entidades ecologistas han indicado en un comunicado previo a la reunión que creen que la Consejería “solo busca obtener una imagen que aparente diálogo y participación” de distintos sectores, cuando “la realidad es que el Plan de Gestión del Lobo ya estaba decidido desde el principio”.

En su opinión, con esta convocatoria, el departamento de Susinos “solo ha buscado dar cobertura a una decisión previamente tomada y que no era otra que exterminar cuantos más lobos mejor, inflando las cifras de ejemplar existentes en Cantabria”. Estos grupos ecologistas han denunciado también “el nulo interés de la Consejería en discutir las consideraciones y argumentos que, basados en la evidencia científica, cuestionaban su plan para matar lobos”.

“La Consejería solo ha estado interesada desde el principio en matar lobos, cuantos más y cuanto antes mejor, porque su objetivo no es la conservación de la especie o la disminución de los ataques a la ganadería, si no ganarse el favor de las organizaciones ganaderas y de cazadores para obtener un puñado de votos para sus alcaldes”, han afirmado.

Tanto Ecologistas como ARCA han advertido que, “matando lobos y desestructurando manadas, los ataques no disminuyen, si no que aumentan”. “Los estudios así lo reflejan, y es lo que ha estado sucediendo en Cantabria en los últimos 50 años”, han apostillado.

Para estas entidades, el Plan del Lobo actualizado que la Consejería va a presentar en la Mesa, de forma previa a su aprobación, “representa un retroceso de décadas en las políticas de conservación y de fomento de la ganadería extensiva”.

“Si se parte de afirmaciones falsas, como que la población de lobos está en una situación favorable, y datos imprecisos y manipulados, es imposible conseguir un plan técnica y científicamente homologable. Y lo peor, es que no servirá para nada, pues va a seguir habiendo ataques, el lobo entrará en riesgo de desaparición y nuestros montes seguirán ardiendo”, han avisado.

Además, ante esta “actitud” del Gobierno de Cantabria, Ecologistas en Acción y ARCA han reivindicado que no tienen “otro camino que recurrir a los tribunales de justicia para que se respete la legalidad y se apruebe un plan que efectivamente promueva la compatibilidad y la convivencia entre el lobo y la ganadería”.

“Este Plan que se quiere aprobar no es de recibo en el siglo XXI, donde las actuaciones deben estar respaldadas por datos científicos, y una prueba de que está basado en intereses políticos la encontramos en la intención de volver a abrir la puerta, y quieren hacerlo de tapadillo, a la participación de cazadores en las matanzas de lobos”, han concluido.

“Acusaciones falsas”

La consejera ha tildado de “falsas” estas acusaciones de los grupos ecologistas y ha defendido el diálogo y transparencia de la Administración, pese a lo cual -ha lamentado- ambas organizaciones “han decidido levantarse de la Mesa” y de forma “voluntaria” además, en vez de permanecer en las reuniones de trabajo y hacer aportaciones.

Tras aludir a los diferentes recursos y acciones judiciales emprendidas por colectivos ecologistas y conservacionistas, la responsable de Ganadería ha enfatizado que hasta la fecha la Justicia ha dado la razón al Gobierno.

“Estamos actuando con la ley en la mano y nos han dado la razón”, ha sentenciado, a la par que ha recordado que la Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra ella y Serdio al no apreciar delito en las resoluciones ni en las extracciones de ejemplares.

De igual modo, ha rechazado las denuncias de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico respecto a una docena de resoluciones para sendas extracciones por considerar los métodos empleados “indecentes e ilegales” en función de la Ley de Caza. “O no se enteran o lo están haciendo con muy mala intención para intentar engañar a la ciudadanía, porque en Cantabria no estamos cazando, estamos haciendo control poblacional”, ha concluido.