La tarjeta acreditativa de la discapacidad en Canarias es una de las reivindicaciones históricas. La pasada semana se aprobó en el Consejo de Gobierno después de más de un año desde que se anunciara por la Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado. Este viernes el BOC publicaba el decreto que señala que podrán ser titulares quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Permitirá que las personas puedan llevarla consigo físicamente y ahorrarse diversos trámites. No obstante, no soluciona el cuello de botella que existe para reconocer la discapacidad, el área que más quejas ciudadanas acumula en la Diputación del Común, que habla de hasta cinco años de espera.
Según se recoge en el BOC la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. Su presentación, acompañada siempre del DNI/NIF/NIE, surtirá los mismos efectos y tendrá carácter probatorio de la correspondiente resolución de reconocimiento del grado de discapacidad.
Será emitida en formato digital, pero podrá expedirse también, en formato papel, cuando así lo solicite expresamente la persona interesada. Además, la Dirección General competente en materia de discapacidad desarrollará una aplicación móvil que permita la gestión electrónica de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad.
El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se presentará por las personas interesadas de manera telemática o en el registro general de la Consejería competente.
Asimismo, se aclara que la tarjeta podrá tener una vigencia permanente o bien establecer un plazo de vigencia temporal en función de la provisionalidad del grado reconocido. Cuando la administración competente no haya finalizado el procedimiento de revisión del grado de discapacidad en el plazo máximo de resolución establecido en la norma, el plazo de vigencia de la tarjeta se entenderá automáticamente prorrogado.
También se advierte de que cuando por resolución judicial o administrativa firme se produjera cualquier modificación en el contenido de la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad que afecte al contenido de la Tarjeta, se procederá de oficio a la emisión de una nueva tarjeta a favor de la persona titular, cancelándose la anterior. Si la modificación en la resolución del grado de discapacidad supone la declaración de un grado de discapacidad inferior al 33% se cancelará de oficio.
En el boletín se recoge que aquellas personas que hayan obtenido el reconocimiento de discapacidad en otras comunidades autónomas podrán solicitar la tarjeta y que será requisito previo haber solicitado traslado del expediente a Canarias.
Un área atascada
El último informe de la Diputada del Común recogió 603 quejas sobre discapacidad, el área que se ponía a la cabeza. El 90,38% de las quejas registradas (545 de las 603) están motivadas por la demora del procedimiento de valoración o revisión del grado. Además, las quejas han ido en aumento especialmente en el último año.
“Este significativo aumento de quejas refleja la gravedad de la problemática que afecta a la ciudadanía de Canarias, y pone de manifiesto que la demora en la resolución de las solicitudes por parte de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias se agrava año tras año, e impone a la ciudadanía, en muchos casos, una espera de hasta cinco años para ser citados para valoración, generando un perjuicio, cuantificable económicamente, que, sin embargo, difícilmente resarcirá el daño irreparable que se está ocasionando a las personas afectadas y a sus familiares”, resalta el informe de la diputada del común.
Este periódico ha documentado casos de lo que supone esa larga espera por el reconocimiento de la discapacidad. Las personas afectadas han contado que les limita para poder solicitar la tarjeta de estacionamiento, para solicitar determinadas prestaciones o becas.
El informe de la diputada del común puso el ejemplo de “situaciones tan graves” como la de una ciudadana de 95 años que ha solicitado el reconocimiento de la discapacidad y movilidad reducida para poder beneficiarse de la tarjeta de estacionamiento, pues tiene que acudir asiduamente a un centro sanitario dada su avanzada edad, patologías y problemas de movilidad que dificultan su desplazamiento.