Juicio de Emalsa, o David contra Goliat

El pasado día 17 de junio se reanudó el juicio contra quince altos cargos de Emalsa (33% Saur, 33% Valoriza) por posible delito de apropiación indebida, administración desleal y expolio continuado de las arcas municipales de Las Palmas de Gran Canaria durante el periodo comprendido entre los años de 2008 a 2012, que la Fiscalía de Delitos Económicos cifra en 23,4 millones de euros.

Los quince acusados y sus abogados ocupan casi por completo el aforo del estrado de la sala de macrojuicios de la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía y las acusaciones populares del Comité de Empresa y la Asociación Cívica El Sol Sale para Todos, caben en un taxi. Son apenas tres personas, porque el Ayuntamiento, aunque físicamente está ahí con ellos, como acusación particular, realmente está donde siempre ha estado, a lo suyo con los acusados, dejándose esquilmar por toda la eternidad si la justicia no lo remedia.

La historia comienza en el año 2012, cuando el recién nombrado jefe del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Bolívar Toledo debe dar el visto bueno a unas facturas por trabajos de saneamiento efectuados por Emalsa, y pregunta si esos trabajos se han realizado. Una pregunta tan sencilla, desencadena tal caos en el Ayuntamiento, que termina en este juicio.

Es fácil comprender que un funcionario público obligado a defender el interés general en cada uno de los actos objeto de su competencia, no puede dar el visto bueno al pago de trabajos realizados por terceros sin posibilidad de supervisión documental ni visual de su ejecución. Así pues, cuando Rafael Bolívar Toledo se niega a firmar esas facturas, que hasta entonces se pagaban religiosamente, nadie en el Ayuntamiento se atreve a asumir tal responsabilidad, y las facturas impagadas comienzan a acumularse en los despachos, con el consiguiente nerviosismo de los socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza)

La disputa deriva en una denuncia de Emalsa contra el Ayuntamiento por impago de las facturas de saneamiento correspondientes a los meses de enero de 2013 a abril de 2014, por 6.636.856,91 euros. El litigio termina en una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de fecha 29 de enero de 2016, por la que se condena al Ayuntamiento al pago de los seis millones y medio de euros más los intereses de demora. Razona la jueza que el contrato suscrito entre las partes en 1992 modificado en 1998, está vigente, y “si el Ayuntamiento considera que con ese marco contractual no es posible comprobar o verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de Emalsa, deberá modificarse el contrato y la subsanación de tales carencias”.

Esta sentencia podía haber sido recurrida por el Ayuntamiento en el plazo de quince días por el módico precio de 50 euros de depósito, pero incomprensiblemente no fue recurrida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y ese contrato leonino continúa vigente, con el Ayuntamiento sentado en el consejo de administración de Emalsa con su 34%, mirando para otro lado y sin hacer el menor esfuerzo por revertir una situación que si nadie lo remedia puede llevar a la ruina a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En este juicio la Fiscalía denuncia un total de diecisiete contratos firmados entre Emalsa y Sercanarias, empresa constituida por los socios privados de Emalsa para adjudicarse a sí mismos todas las obras derivadas del ciclo integral del agua sin posibilidad de concurrencia de otras empresas, valiéndose de su posición mayoritaria en el consejo de administración de Emalsa, según refiere la Fiscalía en su escrito de acusación.

La relación pormenorizada de estos contratos por la Fiscalía recuerda las cuentas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba a su rey, Fernando el Católico: “Picos, palas y azadones, cien millones…. limosnas para que frailes y monjas rezasen por los soldados del Rey, ciento cincuenta mil…. guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de los cadáveres, diez mil ducados”… Contrato de mantenimiento de la red de alcantarillado y saneamiento 11.107.954,04 euros, transporte de lodos 525.492,37 euros, por el inventario de acometidas 1.682.609,73 euros… y así, hasta 23,4 millones de euros en el periodo 2008 a 2012.

Es llamativo el contrato de arrendamiento de las oficinas para Emalsa en el CC Las Ramblas, propiedad de Satocan, uno de los socios privados de Emalsa que entonces se sentaba en el consejo de administración y hoy se sienta en el banquillo de los acusados. Este contrato ha supuesto un coste para la ciudad de 13.630.000 euros en concepto de alquileres desde el año 2008. Para conseguirlo, Emalsa hubo de abandonar su sede gratuita propiedad del Ayuntamiento para trasladarse al CC Las Ramblas por el módico precio de 90.000 euros al mes, cantidad que fue rebajada en el año 2014 cuando ya se estaba instruyendo esta causa, a 60.000 euros/ mes.

La segunda sesión del juicio comenzó el pasado día 17 de junio con la declaración de Juan José Cardona, el alcalde que en su día denunció a Emalsa ante la Fiscalía en defensa del interés general, y que ahora con una declaración trufada de olvidos y no recuerdos, ha dejado el peso de la causa sobre los cinco Informes de Intervención elaborados por Rafael Bolívar Toledo y el equipo técnico constituido en su día por mandato del ahora desmemoriado ex alcalde.

Por su parte, el entonces concejal de Urbanismo y Aguas, Martín Muñoz García de la Borbolla, deslizó en su declaración la frase más temida por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones en la administración pública: “Rafael era muy exigente y pedía demasiados datos a Emalsa”. Los que hemos sido funcionarios sabemos bien lo que significa esa frase terrible, con la que se pretende que te las arregles como puedas para terminar el informe de una vez con los datos que quieran enviarte, y tengamos la fiesta en paz.

Perseverar en el cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público en la defensa del interés general de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria frente al interés particular de los socios privados de Emalsa, a Rafael Bolívar Toledo le costó una querella de Emalsa el día 22 de diciembre de 2015, y el cese en su puesto de trabajo el 14 de enero de 2016 por la siguiente corporación municipal socialista presidida por Augusto Hidalgo Macario, quién valientemente resolvió el problema de un plumazo al más puro estilo franquista: apartando al funcionario y dejando las cosas como estaban.

El próximo día 28 de junio se cumple el tercer aniversario del fallecimiento de Rafael Bolívar Toledo. Él no podrá testificar, pero su trabajo en defensa del interés general de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, está presente en todas las sesiones del juicio, en los informes del equipo de Intervención, de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Sin ese trabajo ingente, cual David contra Goliat, habría sido imposible llegar hasta aquí.