Derriscar la democracia

Las normas jurídicas no hacen milagros. Ni siquiera las que tienen rango y fuerza constitucional. De modo que la democracia, más que cualquier otro régimen político, depende al fin y al cabo del respaldo social que tenga. Es su última y definitiva garantía.

Todos los principios que sustentan una sociedad y una forma de Estado democráticas, desde el de la soberanía popular hasta el de separación de poderes, constituyen un logro civilizatorio (del que han disfrutado muy pocos países y durante reducidos períodos históricos, si se mira con perspectiva). Son insustituibles para edificar y mantener la democracia. Pero no suficientes.

Y no puede descartarse nunca que acaben siendo destruidos, o manipulados hasta hacerlos irreconocibles, por influyentes poderes que existen en la sociedad. Poderes económicos y financieros, “luego” mediáticos; poderes judiciales involucrados en la contienda política, poderes eclesiásticos; mandos militares echados al monte… El repertorio de poderes fácticos y sus combinaciones es amplio y variopinto.

La historia de España presenta, por desgracia, todo tipo de ejemplos de cómo quienes disfrutan de privilegios llevan con visible incomodidad que el poder del Estado no esté también “de su mano” y poderlo dedicar sobre todo a conservar el orden social del que emanan sus prebendas. Es lo que en la II República, los mismos dirigentes de la derecha denominaban “accidentalismo democrático”: aceptan la democracia si, y sólo si, esos sectores controlan el Gobierno y las Instituciones. Y si no, NO.

Después de un arranque a principios de los 90 que ya apuntaba maneras, el de la reagrupación de la derecha alrededor del PP y el de “váyase, señor González”, el ininterrumpido e in crescendo asedio a los gobiernos progresistas que se constituyeron a raíz de la moción de censura de 2018 está contaminando la convivencia y llevando a la misma democracia al derriscadero.

Se trata de dirigentes políticos, tan osados como mediocres y envalentonados por un escudo mediático antimisiles y con bombarderos B-2 intoxicadores de la opinión pública (que ponen a su disposición sus patrocinadores empresariales), bajo el sumo sacerdocio de Aznar: el mismo que cometió impunemente un grave delito de lesa Patria embarcando a España en una guerra ilegal sustentada en mentiras y expuso a la ciudadanía española a lo que se acabó materializando en el aterrador atentado de Atocha. El Código Penal castiga con prisión de ocho a quince años a “el que, con actos ilegales… expusiera a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes..”(artículo 590). El mismo Aznar que con un un grotesco deseo de grandeza organizó la boda principesca de su hija, con los capos de la Gürtel por la alfombra roja. El mismo.

Jueces promovidos discrecionalmente al Tribunal Supremo por un Consejo General del Poder Judicial, controlado cuando no secuestrado por el PP, están llevando a cabo prospecciones delirantes contra todo lo que huela a Sánchez, PSOE o gobierno progresista. Se trata de pesquisas sin límites con un denominador común: sólo cuenta lo que pueda apuntar contra los investigados; pero no documentos, declaraciones testificales… nada que pueda desmontar los “indicios”.

Y así presenciamos un dispendio sin fin de recursos policiales, tecnológicos, presupuestarios y de la propia Administración de justicia para incriminar al Fiscal General del Estado por la divulgación de secretos (que ya no lo eran tanto) de un defraudador confeso de impuestos, mientras las investigaciones judiciales sobre las causas y los responsables de miles de muertes en las residencias de Madrid o durante la Dana, se desenvuelven a pelo y trabajosamente gracias a la seriedad de magistradas de a pié y a la perseverancia de las familias de las víctimas.

Pero no nos engañemos: hay personajes en las alturas judiciales plenamente alistados a la ofensiva contra el Gobierno. Y no están solos. Porque serán “ultras”, pero no tontos. Y cuando practican el inquisitorialismo y dictan resoluciones con un aura prevaricadora que asusta, cuentan con la paternal comprensión de la Sala II. La misma sala que un periodista prestigioso denominaba estos días “factoría Marchena”. La sala que, desdiciéndose de su propia sentencia del Procés, lo ha rebautizado como “golpe de estado” (¿les suena el argot?) para intentar boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, interponiendo una cuestión de inconstitucionalidad.

En resumidas cuentas, están dispuestos a derriscar por un barranco el régimen de convivencia tan trabajosamente construído, la democracia pluralista proclamada por la Constitución de 1978, con tal de tumbar al Gobierno legítimo “cueste lo que cueste”. Indignación y Tristeza por España. Y Rebeldía democrática, es decir Patriótica, aunque a uno ya no le queden muchas fuerzas.

NOTA:

Artículo 590.

1. El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es.