“Juré no volver”: Juana María Ortega, una mujer trans, rompe 50 años de silencio de lo vivido en La Palma

Sentada en un banco de la Calle O’Daly, los silencios de Juana María Ortega, hablan más que sus palabras. Para ella no es fácil volver tras cincuenta años a La Palma, a donde fue trasladada desde Gran Canaria durante el franquismo, tratada “como un perro”, para ser encerrada en prisión solo por ser una mujer trans. Su vida aquí fue un auténtico infierno. Con dos horas de patio al día, era trasladada por el edificio con unos anteojeras similares a los que se ponen a los caballos para que sólo miren al frente. Y aunque juró no volver y reconoce haber sentido ganas de llorar al pisar de nuevo la isla, ha decidido contar por primera vez en público su historia por “el bien de los demás”, en un acto de intento de restitución de la dignidad robada.

Sorprende la valentía y bondad de una mujer que sufrió tanto solo por ser quien era, y que admite que el paso de verbalizar todo lo ocurrido “no sé si será bien para mí, para mis nervios”, aunque en este caso comparte haberse sentido acogida. Así lo comparte en su entrevista en LOVE TV, donde no ha perdido la ocasión de mandar un mensaje para los padres, para que “cuiden bien de sus hijos y no lo desprecien, que los respeten como sus padres la respetaron a mí”.

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La Semana Social recoge los testimonios de las víctimas de la Ley de Peligrosidad Social en La Palma

En el año 1953, se crea, por Decreto, el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes en Las Palmas de Gran Canaria, con jurisdicción en toda Canarias. Una institución que no sólo juzgó a proxenetas, ebrios, toxicómanos y cualquier otro individuo que pudiera ser considerado por las autoridades como “antisocial” sino que también juzgó, encarceló y reprimió a la población LGTBI+ de Canarias.

La Ley de Vagos y Maleantes se aprobó en 1933 y estaba dirigida a “rehabilitar” socialmente a los anteriormente citados y una larga lista de categorías. Con la llegada del franquismo, se procede a la modificación de esta ley para que incluyese como una nueva categoría de peligrosidad social a los homosexuales, “tal cual, sin ninguna otra consideración”, apunta Víctor Ramírez, investigador y autor de Peligrosas y Revolucionarias, que ha participado en el coloquio sobre las víctimas conocidas de la represión LGTBIQ+ en La Palma dentro de la Semana Social 2025.

Los homosexuales, separados del resto de presos para evitar “contagiar su perversión al resto”

“Solamente por ser homosexual se era una persona peligrosa social. A partir de ahí, la policía tenía derecho a perseguirlas, tenía derecho a multarlas”, continúa Ramírez, que también hace mención a los abusos sexuales que sucedían en esos procesos de persecución. En el coloquio junto a Juana María Ortega, realizado en el Palacio Salazar, narró junto a la protagonista las calamidades que le hicieron pasar, tras trasladarla de la cárcel de Las Palmas de Gran Canaria, luego a Tenerife para finalmente pasar encarcelada 10 meses en la isla.

Fue en el año 1969 cuando Juana María Ortega sufrió las consecuencias de unas “medidas de seguridad sucesivas” de una ley que encarcelaba –de uno a tres años– a los homosexuales, debidamente separados del resto de presos para evitar “contagiar su perversión al resto de presos”, explica Ramírez.

Además de esta medida, una vez fuera de la cárcel, se les prohibía residir normalmente en su municipio de residencia habitual, lo que les “excluía de su espacio social, de su familia, de su trabajo”, según señala el investigador. Y por último, también una vez cumplida la condena privativa de libertad, se establecía una vigilancia rigurosa a través de funcionarios del juzgado, lugar al que acudían mensualmente a declarar sobre el transcurso de su vida.

En el año 1955, “el Cuerpo General de Policial de la provincia de Las Palmas elaboró, a partir de un listado de individuos tildados y denunciados [...]”, un archivo-expediente especial de “invertidos”, según recoge un estudio de Víctor Ramírez. Para ser incluido en este expediente, era suficiente con “su amaneramiento o afeminamiento”, detalla. “Muchas veces se las detenía por rumores de que era homosexual”. Rumores que causaron represión, cárcel y destierro.

Además de en la cárcel de La Palma, donde según narra Juana Ortega Santana “en lo que yo estuve allí pasaron por lo menos 15”, posiblemente provenientes de otras islas, como Gran Canaria o Tenerife, existieron otros espacios del Archipiélago en los que se ejerció la represión contra el colectivo como es el caso de la “colonia Agrícola para el tratamiento de Vagos y Maleantes”.

Esta instalación, situada en la localidad majorera de Tefía, estaba destinada a la rehabilitación de personas que tuvieran tendencias delictivas. Bajo el presunto nombre de colonia agrícola, se escondía un campo de trabajo forzado, equiparable a los creados por el nazismo, en el que durante sus doce años de actividad pasaron alrededor de veinte “condenados por homosexualidad”, según datos del Gobierno de Canarias.

Lo ocurrido esta semana, apostilla Ramírez al concluir un acto en el que se rinde homenaje a las víctimas de la represión mediante la instalación por parte del Cabildo y la asociación Violetas de una placa conmemorativa, “es un acto de memoria, de recuperación de historias de vida olvidadas que merecen ser conocidas por las nuevas generaciones”, porque es “parte de no solo de la historia de la comunidad LGTBI+, de la historia de Canarias”.