Dos colectivos ecologistas denuncian las obras de Lopesan en dos barrancos de Gran Canaria

Dos colectivos ecologistas han denunciado las obras del grupo Lopesan en dos barrancos del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Turcón-Ecologistas en Acción y Altihay han presentado la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, ante la Demarcación de Costas del Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En ella, atribuyen a Lopesan la “destrucción irreversible” del acceso público al mar por el relleno de los barrancos de El Hornillo y de Pasito Blanco.

Los ecologistas subrayan que el sellado del barranquillo de El Hornillo “interrumpe el acceso público al mar establecido por el planeamiento municipal”, lo que supone, según los colectivos, “la destrucción del patrimonio común que son los caminos públicos, la privatización encubierta de la playa y una infracción grave de la Ley de Costas”. Además, afirman que estos hechos pueden suponer un riesgo para la seguridad de los bañistas ante eventuales episodios de lluvias torrenciales, “puesto que el cauce natural del barranco no puede desaguar”.

La denuncia presentada ante la Demarcación de Costas incide en que el único acceso alternativo para llegar a la playa de El Hornillo ya limita el acceso público rodado mediante una garita de control que tildan de ilegal y “con elementos disuasorios para su acceso público peatonal”.

Los colectivos critican que, “en pleno contexto de emergencia climática”, se sellen barrancos y se “taponen desagües naturales, aumentando el riesgo de inundaciones y vulnerando toda lógica de planificación responsable”. En esta línea, han denunciado ante el Consejo Insular de Aguas la construcción de un dique de contención en la desembocadura del barranco de Pasito Blanco “de unos 45 metros de largo y ocho metros de alto que impide el desagüe de este”.

Lopesan: “Está todo perfectamente legalizado”

Fuentes del Grupo Lopesan justifican a este periódico que las obras del relleno del barranco de Pasito Blanco corresponden a un proyecto de urbanización autorizado hace 20 años y defienden que cuentan con la autorización sectorial del Consejo Insular de Aguas y con sus evaluaciones de impacto ambiental correspondientes. “Está todo perfectamente legalizado”, dicen.

Respecto a las limitaciones de acceso a la playa, desde Lopesan sostienen que “no se va a privatizar ningún camino”. La empresa añade que el camino del barranco para llegar a la costa se había habilitado porque era más cómodo que el acceso desde la urbanización privada de Pasito Blanco, estrecho y por el que no caben ni los servicios de emergencia ni los vehículos de recogida de basuras. Ahora que se ha cerrado el barranco, la población vuelve a entrar por la urbanización provocando el descontento de los propietarios, indican estas fuentes.

“Hay un proyecto de una obra que aún no ha empezado, consistente en ensanchar el acceso a la playa desde la urbanización hasta que se pueda hacer el acceso definitivo, que no es por el barranco, sino por el paseo marítimo de Meloneras”, añaden estas fuentes.

Los colectivos ecologistas enmarcan las denuncias en las acciones del movimiento Canarias tiene un límite, organizador de las manifestaciones del pasado 20 de abril y del 18 de mayo, y exigen la paralización inmediata de las obras, sanciones a la empresa, la restitución de los cauces públicos y del acceso libre a la playa de El Hornillo. “Este tipo de actuaciones siguen el mismo modus operandi que hace 40 años, donde el interés privado sigue imponiéndose al interés público con la complicidad o inacción de las instituciones”, concluyen.

Críticas a Meloneras 2A

En una nota de prensa, los colectivos ecologistas también critican la aprobación del Plan Parcial de Meloneras 2A, impulsado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana después de más de dos décadas paralizado. El desbloqueo del Plan Parcial “permitirá una inversión superior a los 700 millones de euros” en la ejecución de cinco nuevos hoteles con capacidad para 3.600 camas y 1.800 habitaciones, según informó la corporación municipal.

“Aunque se prometieron zonas ajardinadas y mejoras de infraestructuras, la realidad es que ya se están construyendo nuevos hoteles sin ninguna visión de sostenibilidad territorial. Refuerza aún más el modelo de crecimiento turístico masivo que se está implantando en la zona”, lamentan los ecologistas.