Debió abstenerse, pero su influencia “no fue decisiva”: así defiende el Gobierno que el jefe de la Policía Canaria fuera juez y parte en unos premios

Cuatro de los cincos miembros que conformaron el jurado de los premios Verode de la Policía Canaria, entre ellos el actual jefe del cuerpo, Antonio Almenara, estaban obligados a abstenerse de intervenir en el procedimiento porque tenían un interés personal en el asunto. No en vano, aspiraban a este reconocimiento y, de hecho, fueron cuatro de los galardonados por el desempeño de “actuaciones ejemplares y extraordinarias” en el periodo comprendido entre 2020 y 2023.

El propio Gobierno regional, a través de su viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, admite que debieron abstenerse porque concurría el motivo previsto en el artículo 23.2 de la Ley de Régimern Jurídico del Sector Público. Sin embargo, considera que esa circunstancia no tuvo una “influencia decisiva” en la concesión de los premios y, por tanto, no cuestiona su validez.

En una resolución que desestima el recurso presentado por el sindicato CSIF contra la “arbitrariedad y falta de transparencia” en el procedimiento, el viceconsejero señala que el jefe de la Policía Canaria y otros tres miembros del jurado que terminaron siendo premiados no participaron en “las deliberaciones y votaciones de los acuerdos concretos que les afectaban”. Es decir, cada uno de ellos salió de la reunión en el preciso momento en que se votaba su candidatura.

“Nos encontramos, por tanto, ante una abstención voluntaria o activa, que únicamente puede darse en el ámbito de los órganos colegiados, y que se produce cuando alguno de los miembros que lo integran no se muestra ni a favor ni en contra de la adopción del acuerdo”, expone en su respuesta el alto cargo del Gobierno de Canarias, que sostiene que incluso si hubieran ejercitado el voto sobre su propia candidatura “resultaría de aplicación el principio de conservación de los actos administrativos y la presunción de validez (...) siempre que su indebida intervención no haya tenido influencia decisiva en el sentido de dicho voto”.

Para Cesáreo Rodríguez, “es evidente” que en el caso de los premios Verode de la Policía Canaria la influencia del jefe del cuerpo o del resto de los miembros del jurado “no fue decisiva” en la votación, puesto que todos los acuerdos “fueron adoptados por unanimidad”.

El jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, era el presidente del jurado y fue premiado con el Verode de Plata, el máximo reconocimiento para los miembros del cuerpo en activo, reservado para aquellos que hayan ejecutado “una actuación relevante que represente un grave riesgo para su integridad física” o “actuaciones ejemplares y extraordinarias y/o de reconocido valor que acrediten un mérito a la persona o al cuerpo general”.

El informe propuesta para la concesión del premio al subcomisario (ascendido de manera temporal a comisario) Almenara está firmado por un subinspector. Es decir, por un subordinado del jefe del cuerpo autonómico. Las actuaciones que, según el resto del jurado, le hicieron merecedor de ese reconomiento no se saben. El sindicato CSIF pidió el expediente completo para conocer las razones del galardón al alto mando, pero el Gobierno le ha denegado el acceso porque las propuestas “afectan a cuestiones vinculadas con la seguridad pública e incluyen datos de terceras personas, cuya inclusión con esta supondría vulnerar tanto la protección de datos personales como hacer públicos procedimientos y actuaciones policiales que se ciñen al ámbito de la seguridad pública”.

En ese procedimiento también fueron premiados otros tres miembros del jurado. Al vocal David Jorge Padrón, subcomisario jefe de la unidad de Planificación y Apoyo Operativo de la Policía Canaria, le dieron el galardón de mayor rango, el Verode de Plata, a propuesta de otro subinspector. A los otros dos vocales, Francisco Javier López (subinspector de la Oficina de Relaciones Policiales) y Lourdes Mateo (jefa del servicio de Asuntos Generales de la Dirección General de Seguridad), le concedieron el de Bronce. El quinto miembro del jurado era su secretario, Ángel Llanos, un ex alto cargo del Partido Popular (PP) en Canarias que ahora ocupa la jefatura del servicio de la Policía Canaria en la Dirección General de Seguridad.

El jurado de los premios Verode fue designado mediante una directriz del director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, subcomisario en excedencia de la Policía Autonómica. Se reunió en cuatro ocasiones. Tres de ellas en noviembre (los días 19, 21 y 29) y una en febrero (el día 28). Según la información trasladada por el Ejecutivo regional a CSIF, el presidente y los tres vocales se ausentaron en el momento en que se deliberaba y votaba las propuestas que les afectaban.

Según el sindicato CSIF, tanto el presidente como el secretario deben estar presentes en todas las deliberaciones y la decisión final debe votarse entre todos los miembros del jurado. En cambio, el Gobierno regional sostiene que es suficienre que “concurran los votos favorables necesarios” para la adopción del acuerdo “por el resto de los miembros del órgano colegiado”.

Hay que recordar que, más allá del reconocimiento honorífico, estos premios pueden repercutir en la carrera profesional de los miembros de la Policía Canaria, puesto que son méritos en los procesos de promoción interna.

Camino de los tribunales

CSIF presentó un recurso contra la resolución de esos premios, firmada por el director general de Seguridad el pasado 7 de marzo. Entre otras alegaciones, el sindicato sostenía que se habían otorgado “de forma arbitraria, puesto que cuatro de las personas premiadas eran miembros del jurado”. Además, entendía que numerosos funcionarios cumplían con los requisitos exigidos y no habían sido reconocidos y, en cambio, no le constaba ninguna actuación que pudiera justificar su concesión a otros.

A juicio del CSIF, durante este procedimiento se había vulnerado el articulo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público, “cuando en su código de conducta hace referencia a que los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los principios de integridad, neutralidad, imparcialidad y transparencia”, y el 53, que obliga a abstenerse cuando haya asuntos en los que tengan un interés personal.

Ante la desestimación del recurso de alzada ante el Gobierno de Canarias, fuentes del CSIF han confirmado a este periódico que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en los juzgados.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado lunes una resolución por la que se rectifica “un error material” en la concesión de los premios Verode. Y es que el Gobierno de Canarias había premiado a dos candidatos que habían sido propuestos por hechos que tuvieron lugar en 2024, cuando la convocatoria abordaba el periodo 2020-2023.