Los bodegueros denunciantes del apoyo ilegal del Cabildo a Bodegas Insulares de Tenerife aplauden el cese de privilegios

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) reconoció este viernes que valora la última decisión política adoptada por el Cabildo de Tenerife, la aprobada en el pleno y consistente en la salida de esta administración pública de la sociedad mixta Bodegas Insulares de Tenerife, BITSA (empresa que desarrolla la actividad de elaboración de vinos de calidad, bajo dos DOP, en la industria del Cabildo denominada Bodega Insular de Tenerife, en Tacoronte).

A la vez, la misma organización del sector vinícola local asegura que ello será suficiente para que Avibo no continúe ante la Comisión Europea con el expediente de incumplimiento del Cabildo de Tenerife en materia de competencia. El Ejecutivo comunitario ya había calificado el apoyo público directo e indirecto dado a esa sociedad anónima por el Cabildo como ilegal, por no haber sido notificado previamente, y también lo denominó incompatible con las reglas de la competencia. Esto ocurrió bajo mandatos con participación de los tres grandes partidos: CC, PSOE y PP.

En una nota remitida a los medios de comunicación, Avibo hace historia e indica que “en los años noventa comenzó una intervención administrativa en el sector de la elaboración, crianza y venta de vinos, cuando el Cabildo de Tenerife empezó a operar en un sector económico privado, el del vino, creando una empresa mixta, participada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Tacoronte, denominada Bodegas Insulares de Tenerife, SA (BITSA)”.

En esa empresa pública, el Cabildo de Tenerife no solo tuvo mayoría, “sino que ejercía sobre esta y sus empleados el control y la dirección. Por ello, tras dos décadas de intervención administrativa injustificada del Cabildo en un sector económico pujante, rentable, competitivo y exportador, como es el de los vinos canarios de calidad, la asociación comenzó a reivindicar ante los responsables públicos insulares tal injerencia en el mercado vitivinícola, por aportarse desde el Cabildo, año tras año, diferentes subvenciones, ampliaciones de capital encubiertas, ayudas promocionales, cesión de empleados públicos para realizar trabajos en bodega y otras ayudas públicas que solo llegaban a esta bodega pública, BITSA, pero nunca al resto de las más de 280 bodegas que operan en Canarias”, subraya Avibo en el comunicado.

“Tras unos primeros años de reivindicaciones y reclamaciones ante los responsables del Cabildo, que resultaron estériles y en las que se solicitaba la salida de esta administración pública de un sector económico como el bodeguero (único caso en Europa en que una administración pública desarrolla funciones de bodeguero, compitiendo con el resto de entes privados en absoluta desigualdad), y además ante la negativa de la Corporación insular de dejar de inyectar ayudas a BITSA y de salir de esa empresa”, Avibo se vio obligada en 2014 a recurrir a instancias comunitarias, a la Comisión Europea, como principal valedora del cumplimiento por los estados miembros de las normas que regulan la libre competencia en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En una primera resolución de la Comisión Europea, “una Decisión de 1 de febrero de 2018, esta declaró que las ayudas que el Cabildo había concedido en los años anteriores (varias subvenciones millonarias, ampliaciones de capital -solo por parte del Cabildo y no de los socios privados-, financiación para la adquisición de la quebrada Bodegas BILMA, de Guía de Isora, o la Casa del Vino, en La Laguna) ”eran ayudas de Estado ilegales“, por no haberse comunicado a la Comisión Europea, si bien (según los documentos e informes que recibió la Comisión) las declaró ”compatibles con el mercado interior“.

Ante ese primer éxito, a medias, de Avibo, que logró que las ayudas del Cabildo Insular a BITSA comenzaran a estar bajo la vigilancia de la Unión Europea, la asociación continúo “acreditando ante la Comisión Europea la situación de absoluta competencia desleal que mantenía BITSA, con las ayudas que seguía recibiendo del Cabildo insular, que, entre otras, le había cedido en arrendamiento (pero sin cobrar cuota alguna) los más de 9.000 metros cuadrados de suelo y 3.000 metros cuadrados de construcciones (instalaciones, bodegas, destilería y oficinas) de titularidad patrimonial del Cabildo de Tenerife en Tacoronte, sin que (como exige la legislación española y la normativa europea) BITSA abonara al Cabildo ni un solo euro por la utilización, posesión y explotación de bodegas propiedad del Cabildo, en absoluta competencia desleal con las más de 280 bodegas que operan en Canarias”.

Por lo dicho, se sigue exponiendo en la nota de prensa, se solicitó entre los años 2018 y 2024 a la Comisión Europea el análisis de esas nuevas ayudas de Estado por parte del Cabildo a BITSA. Y entonces, en la última comunicación ante la Comisión Europea, Avibo solicitó, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incoar “procedimiento de incumplimiento por infracción de la normativa europea en materia de competencia y ayudas de Estado”, con el objetivo de que se resolviera: a) “el carácter ilegal e incompatible con el Tratado Europeo de las ayudas denunciadas entre 2014 y 2018 (subvenciones, ampliaciones unilaterales de capital, etc.) y, en especial, la exención de canon por arrendamiento denunciada desde 2018, del que se beneficiaba únicamente BITSA y no se había analizado por la Comisión en su Decisión de 1 de febrero de 2018”, y b) “que hiciera cesar la situación de competencia desleal que creaba BITSA, distorsionando el mercado vitivinícola de Tenerife como consecuencia de la influencia dominante que ejercía por medio del Cabildo de Tenerife y de su acceso a diferentes y millonarias ayudas públicas ilegales e incompatibles. También que ordenara la devolución de las ayudas de Estado ilegales recibidas o aquellas (como el canon de arrendamiento) que no pagaba desde su constitución en los años noventa”.

Tras varios años de ampliaciones de pruebas y documentos, la Comisión Europea reunió (ante la Representación Permanente de España ante la Unión Europea) a los responsables del Cabildo de Tenerife en marzo de 2023 (PSOE), exigiéndoles hacer cesar esta situación de competencia desleal de BITSA, y exigiéndoles que desde el Cabildo Insular se les cobrara por la utilización y explotación de las bodegas propiedad del Cabildo.

“Ante la falta de resolución por parte de aquellos dirigentes del Cabildo en 2023, fue finalmente en julio de 2024 cuando, en reunión presencial en la sede de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (con presencia de la Representación Permanente de España ante la UE, del vicepresidente y consejero de Agricultura del Cabildo insular, de Avibo y de la propia Comisión Europea), su directora general comunicó formalmente al Cabildo de Tenerife que, en caso de no cesar esa conducta contra la competencia, estaba obligada a abrir expediente de incumplimiento al reino de España por el otorgamiento continuado de ayudas de Estado por parte del Cabildo a BITSA”.

Entonces, “tras la intervención de todas las partes, Avibo confirmó que, si el Cabildo comenzaba a cobrar canon de arrendamiento a BITSA y, en un plazo prudencial, esta administración pública insular se salía del sector económico vitivinícola estaba dispuesta a no continuar con el expediente de incumplimiento, para evitar que se mermaran las arcas insulares”. Esto es justo lo que ahora se comunica por parte de Avibo.

Llegados a este punto, la asociación AVIBO ha querido reconocer “el trabajo efectuado por la actual Corporación insular, en las figuras de su vicepresidente Lope Afonso y los consejeros de Industria y del Sector Primario, Manuel Fernández y Valentín González [todos del PP], que han sido sensibles a las reivindicaciones del sector vitivinícola que venía sufriendo cómo marcas como Viña Norte y otras de BITSA competían con ellos a precios mucho más bajos, por las múltiples ayudas y ventajas que le confería el Cabildo, además en detrimento de la libertad de mercado, del consumidor y del uso eficiente de los recursos públicos”.