El Gobierno canario asegura haber tramitado más de 5.600 expedientes de discapacidad pese a que es el área con mayor aumento de quejas

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha asegurado este martes en el Parlamento que durante su gestión se han tramitado 5.600 expedientes de discapacidad. Un dato que contrasta con el hecho de que es el área que más quejas acumula en la Diputación del Común, que ha llegado a cifrar hasta en cinco años los tiempos de espera por la valoración de la discapacidad.

Candelaria Delgado ha dicho en el Parlamento que “el Imserso ha alabado ante todas las comunidades autónomas la gestión que estamos haciendo en materia de discapacidad” y mientras que la diputada socialista Lucía Olga Tejera ha recordado que en la Diputación del Común esta área acumula un 94% más de quejas este año.

Tejera ha afirmado que “de 310 quejas en 2023 han pasado a 603 en 2024. Consejera, con estos datos usted ni se ruboriza ni se avergüenza, mientras que las personas con discapacidad y su familia pierden derechos reconocidos por ley, evidentemente, como derechos a becas, a terapias, acceso a un empleo adaptado, y a pesar de tener usted una Dirección General de Discapacidad, no ha sido ni efectiva ni eficaz. Se pone de manifiesto su mala gestión”.

“Va a pasar usted a la historia como la consejera que más derechos ha restado a las personas con discapacidad”, insistió la socialista, que instó a la consejera a que “asuma su responsabilidad, tome medidas, dé instrucciones, instrucciones claras, planifique y tenga diálogo con los trabajadores y comités de empresas para poder mejorar estos datos y que Canarias deje de figurar en la cola con el retraso de las valoraciones en cuanto a discapacidad. Su inacción perjudica cada día más a las familias vulnerando sus derechos por la falta de interés en la búsqueda de soluciones”.

Tejera apuntó que en el año 2022, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, se incrementaron los reconocimientos de las personas con discapacidad pasando de 130.000 a 160.000 personas atendidas. Sin embargo, a partir del 2023, “esa tendencia ha ido decreciendo”, aseguró.

“Hemos hecho un avance inédito en esta materia”, dijo, por su parte, la consejera de Bienestar Social. Según dijo, en la pandemia se paralizaron los reconocimientos de grado porque tenían que hacerse de forma presencial y además se cambió el criterio estatal.

Asimismo, aseguró que cuando llegó al Gobierno había una lista de espera de 33.000 personas. “No me venga a decir que hemos hecho un retroceso, no me venga a decir eso. No solo hemos hecho toda esta ampliación de valoraciones de la discapacidad, sino que hemos puesto en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad”, insistió Delgado.

La consejera también anunció que su departamento está trabajando en un decreto ley que presentará próximamente en el Parlamento para agilizar los tiempos.